ESCRIBE EL DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 07 May Muchas veces, en esta columna, se ha abordado el tema, ciertamente muy importante, de la independencia de los magistrados del Poder Judicial, comprendidos todos los que tienen entre sus cometidos resolver asuntos concretos por vía de sentencias, o adoptar decisiones fundamentales en materia de dirección en dicho Poder, y se ha señalado que tal independencia en esencia causa molestia en ciertos casos a quienes integran los otros poderes, fundamentalmente el Poder Ejecutivo.
Tal molestia se ha dado en fecha reciente en la República Argentina, ante una concreta decisión de su Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de una decisión del Poder Ejecutivo, lo cual ha generado una verdadera arremetida del mismo a través de varios proyectos de ley que están orientados a limitar tal independencia de los magistrados judiciales, y a crear normas que reduzcan ciertos derechos de quienes deben litigar, o demandar, al Estado, a través de la limitación de los derechos para la promoción de medidas cautelares, y a la creación de nuevas cámaras de casación, ya sancionados por el Poder Ejecutivo.
A dichos dos proyectos se agregan otros cuatro, aun pendientes de aprobación, entre ellos el que ha sido más controvertido, que propone la modificación del régimen actual del Consejo de la Magistratura, también considerado como la más importante de las reformas propuestas, que refieren a cinco puntos que se explican sintéticamente a continuación.
El primero propone que un núcleo de jueces, abogados y académicos sean elegidos por voto popular en las próximas elecciones primarias; podrán integrar las listas de los partidos políticos. El resto continuará siendo electo como lo dispone el régimen vigente. Los componentes aumentarán de 13 a 19.
El régimen de ingreso de nuevos jueces se altera; no se deberá concursar en caso de una vacante concreta, sino que se convocarán concursos para que, en caso de vacante, ya exista quien pueda ocuparla sin demora. Los jurados serán sólo académicos, o sea que los magistrados no desempeñarán tal función.
La mayoría actual de dos tercios para decidir se baja a mayoría absoluta, mitad más uno. La Corte Suprema de Justicia administrará los fondos del Poder Judicial y decidirá sobre nombramientos.
Lo expuesto no es sino un breve ejemplo de algo que integra lo esencial que se ha propuesto en el vecino país; a ello se agregan los proyectos referentes a declaraciones juradas de funcionarios, publicaciones de fallos de la Corte y el relativo a lo que se denomina “Ley de Ingreso democrático al Poder Judicial”.
Las declaraciones juradas serán de carácter público y podrán ser consultadas por Internet; deben presentarlas magistrados en funciones y quienes sean candidatos a ocupar cargos en los juzgados.
Los actos del Poder Judicial deberán, en caso de aprobación, ser publicados con relación al trámite de cada caso.
El proyecto de ley sobre Consejo de la Magistratura precitado fue aprobado pero debe retornar al Senado por haber sido objeto de algunas modificaciones.
Lo expuesto revela muy claramente lo que se advierte como esencial en tales iniciativas: reducir la independencia del Poder Judicial, y hasta politizarlo a través de la disposición que dispone que algunos de los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos por voto popular y a través de la intervención de partidos políticos.
Cuando lo esencial es el ejercicio de las funciones judiciales con el más alto grado de su independencia, y paralelamente cuando al respecto corresponde tutelarla fuertemente, lo que se pretende es todo lo contrario, o sea limitarla y limitar la de los respectivos órganos que tienen a su cargo aspectos fundamentales del Poder Judicial.
Lo expuesto es suficiente para explicar lo grave que es la actitud del vecino gobierno, que significa, al promover tal iniciativa, pretender limitarla, lo cual justifica plenamente las inmensas manifestaciones en su contra que se han realizado.
Como el Dr. Leonardo Guzmán titula su columna del reciente 26 de abril en El País, el caso es un “Atropello a la Justicia”.