Opinion | 08 May Lo ocurrido con el adolescente que no pudo regresar a los estudios en la Escuela Técnica de Paysandú, después que en diciembre pasado causó pánico en los consultorios centralizados de Comepa al efectuar varios disparos con un revólver, ante la negativa de los docentes, es ciertamente un hecho singular.
Por un lado, los docentes desconocen la ley 18.437 (Ley general de educación), donde se establece que el derecho a la educación es “un derecho humano fundamental” y se determina como obligatoria “la educación primaria, y la educación media básica y superior”.
Por otro, los docentes legítimamente velan por su seguridad, por la de sus colegas y la de los alumnos en general. Hay un antecedente preocupante y sin desconocer la legitimidad del dictamen de los profesionales que atendieron el caso y certificaron que estaba en condiciones de retomar los estudios, obviamente es legítimo el temor de que ocurra --como tantas veces en escuelas y universidades de Estados Unidos-- un hecho desgraciado.
También debe considerarse la situación del joven que tiene todo el derecho a continuar su vida, rehaciéndola, porque más allá de haber sufrido problemas sicológicos, merece no solamente otra oportunidad sino hacer efectivo su derecho a tener una educación completa, a vivir en sociedad libremente y a ser respetado como ser humano.
Probablemente también habría que considerar a los padres de otros alumnos que podrían sentir temor por la seguridad de sus hijos.
En fin, este es ciertamente un tema complejo. Pero lo que no puede hacer la sociedad es impedir la posibilidad de educación de este joven. Respetando los reparos de docentes, quizás padres y quizás también alumnos, la vida continúa, los profesionales han hecho las evaluaciones respectivas y un error de juventud no puede ensombrecer el resto de la vida.
No se trata solamente de lo que dicen las leyes y la Constitución sino de un sano juicio. Quienes transgreden las normas de la sociedad deben ser castigados. Pero no ad eternum. Y cuando cumplen su pena (el joven fue procesado en calidad de inimputable) pueden y deben retornar al seno de la sociedad.
Alejarlos puede generar más resentimiento, pero especialmente es una injusticia. Hay que luchar siempre por la inclusión de todos, porque todos cometemos errores. Quizás sea necesario medidas de seguridad especiales o el dictado de clases personalizadas, pero no es posible aceptar que no se le brinde educación.