“Versiones inexactas y tendenciosas”

Locales | 07 May Los funcionarios judiciales catalogaron de “inexactas y tendenciosas” algunas versiones de prensa y de “tendencioso” también el comunicado de la Suprema Corte de Justicia sobre los hechos ocurridos en el caso de la muerte de una funcionaria cuando cayó en el pozo de un ascensor en Montevideo y la rotura del ascensor en la sede de Paysandú.
En una conferencia de prensa cumplida en las instalaciones del Poder Judicial en Paysandú, los dirigentes nacionales Raúl Vázquez, Luis Kelly, Mariela Falco y Jorge Maldonado, acompañados del delegado sanducero Oscar López, expresaron que “queremos aclarar de primera mano lo sucedido el 30 de abril en el ascensor de la sede, donde se vertieron manifestaciones periodísticas que son inexactas y tendenciosas, e inclusive el comunicado que salió de la Suprema Corte de Justicia también lo consideramos tendencioso”, dijo como introducción el delegado de los funcionarios sanduceros, Oscar López.
“años de denuncias”
El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Raúl Vázquez, leyó un comunicado del sindicato y luego dijo que concurren “hace años a la Dirección General de los Servicios Administrativos a denunciar por parte de los trabajadores de casi todo el país hechos concretos” de problemas en distintos edificios del Poder Judicial.
Se refirió a esas versiones “inexactas y tendenciosas” en cuanto “la responsabilidad no es de una asamblea de trabajadores que estaba reunida el día 30 en este centro de justicia, y no es un sabotaje de la trabajadora que murió el día 26, sino que es absolutamente responsabilidad del Poder Judicial y sus autoridades, que nos tienen a los trabajadores como un número y al (ciudadano) judiciable como un cero a la izquierda. Esa es la realidad del Poder Judicial”, aseguró el dirigente. Respecto al edificio sanducero de 18 de Julio y Zorrilla, dijo que “es viejo, tiene muchos años que no ha tenido preocupación” (por las autoridades). Agregó que “tengo en mi poder las actuaciones de los trabajadores, de los Bomberos y de la Intendencia de Paysandú, y un informe que el director general (de Servicios del PJ) pide que sea en forma urgente, y la División Arquitectura demora un año y medio en contestar”.
Responsabilidad de la SCJ
Dadas las condiciones y los informes que hay sobre el edificio sanducero, López dijo que “acá podría haber pasado otra cosa más importante, porque el ascensor continuamente tiene problemas y los usuarios de Paysandú lo saben”.
Afirmó que la presencia de los integrantes de la dirigencia nacional “es para traer la solidaridad a los trabajadores de Paysandú, a aquellos que están siendo investigados en forma administrativa y también penal. Porque los problemas no se cortan por el lado más fino, sino que esto es responsabilidad absoluta de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia en último término y de todos los mandos medios que tienen cuenta en el asunto”. Sobre qué pasó, a su juicio, con el ascensor de Paysandú, Lopez dijo que “tiene una situación compleja desde hace muchísimos años, que cuando no se cierra en forma total la puerta hay que accionarla de alguna manera empujando para que pueda cerrarse y funcione”.
Desmintió que hubiera “un objeto punzante y de hierro como dicen algunas apreciaciones, sino que fue un palo de escoba de 40 centímetros que se acciona en forma permanente para que el ascensor funcione. Lo pueden decir los trabajadores que están permanentemente con este problema que no debería suceder”, y citó también a los abogados y público que concurren a la sede judicial.
Informe Desde 2009
Habló también sobre un informe de la Intendencia de Paysandú y de Bomberos del año 2009, uno particularmente sobre el ascensor, pero “después cambió la empresa que hacía el mantenimiento y nunca se hizo”.
En general, dijo que los trabajadores del Poder Judicial “trabajan en todo el país en condiciones paupérrimas, sin ventilación en verano ni calefacción en invierno, con pisos como el del edificio de Paysandú que se mueve y parece que se va a caer. Los edificios tienen muchísimos años, son casas adaptadas a oficinas judiciales que en realidad no cumplen las necesidades del servicio no solo para los trabajadores, sino tampoco para el usuario que va a las oficinas judiciales”.
Por otra parte, indicó también que las reuniones con la Dirección Nacional de Trabajo y el Poder Judicial han sido infructuosas, aunque este poder del Estado no debería estar ajeno a la supervisión de la Dinatra.