Nacionales | 10 May Tras la denuncia de los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido por el lavado de activos en nuestro país, la jueza del Crimen Organizado, Adriana de los Santos, dispuso varias medidas para comenzar la investigación.
Fuentes judiciales declararon a Montevideo Portal que, entre esas medidas, algunas pedidas por la fiscalía y otras a iniciativa de la sede judicial, figura la citación de empresarios argentinos y uruguayos. Agregaron que si bien aún no están determinadas las fechas de las audiencias, se estima que será en los próximos días. La indagatoria en nuestro país se centrará en los hechos que podrían haber ocurrido en Uruguay. La fiscalía, en tanto, negó brindar mayor información sobre las decisiones tomadas en el caso, para preservar la calidad de la investigación.
La investigación es consecuencia de la denuncia de los diputados Garrido y Ocaña el pasado 26 de abril, en la que pedían a la Justicia uruguaya que el Banco Central del Uruguay (BCU) “informe si con los apellidos y nombres, razones sociales de sociedades, números de documentos nacionales de identidad argentino y/o números de pasaporte indicados, las personas físicas o jurídicas mencionadas, en especial la empresa Reloway Company SA, se registraron desde el 01 de enero de 2003 o se registran actualmente como titulares, cotitulares, apoderados, autorizados, firmantes, destinatarios, originantes o cualquier otro carácter en cuentas bancarias de cualquier tipo u otro producto financiero, radicadas en instituciones de la República Oriental del Uruguay”, publicó Montevideo Portal. Además existen otras empresas acusadas de operar desde nuestro país con el objetivo de enviar el dinero a Suiza.
La denuncia solicita que se investigue a las empresas Reloway, Teegan, Austral, SGI Bursátil, ATC Argentine Trust, Vanquish Capital, SGI inversiones, organización de asesoramiento y consultora internacional, Asesores Empresarios y Dalmaran S.A. Además se pide investigar las actuaciones de las personas que tuvieron vinculadas con estas empresas como los ciudadanos argentinos Julio De Vido, Lázaro Baez, Leonardo Fariña, Daniel Pérez, Federico Elaskar, Fabián Rossi, Diego Guerri, Fermín Castro, José Aguilar, Alejandro Ons, Juan Guillet, Jorge Cerrota, y Juan Pisano.
LLAMADO A SERVICIOS
EN TELEVISIÓN DIGITAL
El Poder Ejecutivo reanudó el llamado para interesados en prestar servicios de televisión digital abierta comercial en Montevideo. Además fijó el plazo para la presentación de propuestas en 45 días, a partir de la publicación del decreto referido y el depósito de garantía fue fijado en 3.500 Unidades Rejustables.
El decreto, firmado por el presidente José Mujica y por el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, señaló que es “aconsejable una apertura gradual en el sector comercial y conviene acotar la cantidad de nuevos actores en la etapa inicial”. Define que serán cinco los canales que podrán utilizar los interesados en brindar servicios de televisión digital. Además, “en el caso que dos o más personas jurídicas deseen presentarse en forma conjunta, deberán hacerlo en forma consorciada”.
Según publicó el portal de Presidencia, los nuevos titulares de autorizaciones de estaciones de televisión dispondrán de un año para el inicio efectivo de las transmisiones comerciales y la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones podrá prorrogar este plazo por un año más si se aducen razones de fuerza mayor.
El presidente Mujica firmó el 31 de diciembre del año pasado un decreto que establecía el llamado a interesados para brindar servicio de radiodifusión digital. Sin embargo, se firmó un nuevo decreto que suspendía los plazos de licitación establecidos en el decreto original.
PLAN JUNTOS E INAU RECIBIERON DONACIÓN
El Plan Juntos, a través de la Fundación Juntos, y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) recibieron la donación de 14 millones de pesos de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB).
Los representantes de los trabajadores y de los empresarios en el rubro de la bebida firmaron un convenio colectivo en noviembre del año pasado, que incluyó el pago de tres partidas salariales a los trabajadores. Además se acordó la donación de la primera partida al Plan Juntos y al INAU.
El director del Plan Juntos, Carlos Acuña, señaló que no es una sorpresa que el FOEB destine parte de sus recursos a obras solidarias, recordando que el 40% de la población objetivo del Plan es menor de 14 años.
“El Plan Juntos debe ser una apuesta a los niños y jóvenes que estamos perdiendo”, reflexionó. Destacó que ese gesto de la FOEB reclama un mayor compromiso en la tarea conjunta, orientada a los niños más vulnerables.
Por su parte, el presidente de la Fundación Juntos, Mario Carrero, expresó que “me duele lo que pasa con los chiquilines (beneficiarios del Plan Juntos), no tienen la culpa de nada de lo que después puede llegar a ocurrir; para nosotros es un compromiso: mientras haya un solo chiquilín que no tenga la posibilidad de un plato de sopa caliente, de una cama confortable, de alguien que se siente con él a hacer los deberes, mientras no logremos eso, me niego rotundamente a la visión de cazar gurises”.
“Recuerdo, hace muchísimos años, las palabras del Padre Cacho, que decía a principios de los años 70: ‘Llegamos tarde’. Este tema de hoy, más allá de chisporroteos electorales, es una realidad que golpea. Nos oponemos a que se utilice a los más pobres como herramienta de combate electoral. Por eso estamos acá, errándole, acertándole muchas más, pero tratando de seguir avanzando”, señaló.
El presidente del INAU, Javier Salsamendi, en tanto, destacó el gesto solidario del sindicato y valoró la instalación de una mesa que coordinará el destino de los recursos donados. “Donde a veces campea el hedonismo, la competencia y el consumismo sin cortapisas, gestos de este tipo son fundamentales, por lo que significan”, concluyó.
CONDENA A DALMAO
ANIMA A DEFENSORES
La condena del general retirado Miguel Dalmao por el “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en una unidad militar en 1974, fue recibida como una “inyección moral” por los defensores de los Derechos Humanos en nuestro país.
El fundador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Efraín Olivera, declaró a Efe que “es una buena noticia” que refleja “el avance, aunque muy lento, en la búsqueda de verdad y justicia”. Consideró también que el fallo es un “una inyección de moral” para “los cientos de uruguayos que siguen trabajando para que se conozcan y castiguen las espantosas violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura”.
Cuando Dalmao se desempeñaba en la unidad del Ejército, Sabalsagaray apareció muerta. En ese entonces se difundió que la militante se ahorcó en el calabozo, aunque las pericias forenses determinaron que fue víctima de torturas.
Olivera, en tanto, destacó que es “importante” que esos delitos “no queden impunes” y que se castigue a los responsables.
Después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara inconstitucional la Ley de Caducidad en octubre de 2009, que impedía juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, fue posible la investigación de la muerte de Sabalsagaray.