Paysandú, Domingo 12 de Mayo de 2013
Opinion | 07 May El desempleo juvenil alcanza el 17,8% en Uruguay, lo que triplica la media nacional, que es del orden del 6,1%, según los datos correspondientes al cierre de 2012. Estas cifras dan cuenta clara de las dificultades que tienen los jóvenes uruguayos para acceder a un puesto de trabajo, en tanto tampoco hay que descuidar que el 55% de los que consiguen empleo por primera vez lo hacen en el mercado informal.
Eso está en consonancia con lo que ocurre en la región, donde las poblaciones más afectadas por la informalidad son las mujeres y los jóvenes. Atendiendo a esa situación, el gobierno elaboró un proyecto de Ley de Empleo Juvenil que actualmente está a estudio del Parlamento y se espera quede aprobado para mediados de este año.
La ley prevé ofrecer subsidios y beneficios tributarios a empresas que contraten jóvenes de entre 16 y 29 años. De aprobarse el proyecto, el Estado aportará U$S 3 millones para incentivar a emprendimientos privados a que contraten jóvenes sin experiencia laboral.
Pero algo importante a destacar es que enfatiza en la compatibilidad estudio-empleo, estableciendo mecanismos de trabajo protegido para jóvenes con dificultades de acceso al mercado de trabajo, que consiste en exoneraciones tributarias de aportes a la seguridad social a las empresas que contraten jóvenes con estas características.
Para las empresas que otorguen una reducción horaria a jóvenes estudiantes, los subsidios serían del 20 % por una hora y 40 % por dos horas de reducción. A las empresas que otorguen más días de licencia por estudio que los que establece la ley, cuando superen los ocho días, el subsidio sería de un 40 % de cada jornada adicional.
Al respecto, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta aseguró que “el Estado contribuirá con US$ 3 millones en materia de subsidios y exoneraciones fiscales para inducir a los empresarios a contratar jóvenes, dado que la tasa de desocupación de estos es superior al resto de la población”.
En definitiva, el proyecto de ley tiene la virtud de mantener y promover la vinculación entre estudio y trabajo, algo fundamental para favorecer el aumento de la escolarización de los jóvenes en un país cuya población aumenta casi exclusivamente en la franja de población más pobre. La existencia entre los jóvenes de una tasa de desocupación que triplica el promedio nacional vuelve imprescindible contar con mecanismos de políticas activas de empleo, por lo que es de esperarse que la iniciativa tenga un rápido tratamiento parlamentario e instrumentación.
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