Opinion | 11 May Sin dudas que las favorables condiciones en que se ha desenvuelto la economía en la última década, a partir de 2003, sobre todo, desde la aguda crisis de 2002 y al amparo de condiciones externas muy favorables para la exportación de productos primarios, ha llevado a una mejora en los ingresos y calidad de vida de sectores de población que habían resultado muy castigados durante la depresión.
Es decir que como consecuencia del comportamiento dinámico de la economía, con sensible incremento del Producto Bruto Interno (PBI), se ha registrado un derrame de beneficios económicos sobre todo el espectro socioeconómico, teniendo en cuenta que la economía obra con vasos comunicantes, y hay un efecto multiplicador que reproduce y contagia riqueza, a la vez de registrarse una transferencia de recursos que se explica en que de acuerdo a los índices estadísticos, el crecimiento del índice salarial ha sido mayor que el precio de los productos de la canasta básica.
Ocurre que la mejora no ha sido consistente ni pareja, por cuanto es evidente que los trabajadores con mayor capacidad de presión para obtener mejoras, los que están organizados en los sindicatos más fuertes, sobre todo los estatales, han aprovechado esta condición para arrancar concesiones.
La diferencia radica en que las que obtienen los asalariados públicos son cargadas, sin posible opción, a los actores reales de la economía del sector privado, empresarios, trabajadores, pasivos, en tanto en el caso de los privados, por tratarse de emprendimientos de riesgo, el empresario debe medirse en todo lo posible al trasladar los costos a sus bienes y servicios, desde que al haber competencia se genera una condicionante muy severa que puede complicar la propia subsistencia de las empresas al afectar su rentabilidad y las opciones del consumidor para dejar de comprar o cambiar sus preferencias.
Pero existe a la vez un sector de la población que no ha mejorado sus condiciones a través de la remuneración por su esfuerzo, sino que total o parcialmente recibe transferencias del Estado, es decir con dinero de todos los uruguayos, a través de organismos como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, ello ha pesado en los porcentajes de ciudadanos que han salido de los niveles mínimos de pobreza para quedar por sobre este umbral.
Esta salida ha quedado registrada en las estadísticas y ha sido mencionada por voceros del gobierno y del propio Mides como un éxito de estas políticas sociales. Sin embargo entre otros aspectos debe tenerse presente que esta mejora estadística tiene particularidades que no deben perderse de vista, porque con esta política asistencial de transferencias miles de familias han quedado apenas por encima del umbral de pobreza, es decir que cualquier variación puede hacer que un porcentaje muy importante quede nuevamente por debajo, como dato estadístico. Además, el planteo es artificial y por lo tanto no es sustentable.
En un análisis de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin, que recoge El País, a propósito de esta problemática, se indica que se ha consolidado un conjunto de programas de transferencias desde el Estado a estas familias. Estos ingresos no proceden de contribuciones realizadas por las personas, como ser los aportes a la seguridad social, sino que son totalmente asistenciales. Precisamente estos fondos recibidos periódicamente ayudan a elevar el ingreso de los hogares, lo que determina que se ubiquen por encima de la línea de pobreza o de indigencia.
Esta ayuda estatal es muy significativa e incluso se incrementó en los dos últimos años, y de acuerdo al INE, en los hogares que se mantienen por debajo de la línea de pobreza representan el 37 por ciento de las remuneraciones recibidas por el hogar, pero en el caso de los hogares por encima de la línea de pobreza la relación es mucho menor.
El punto es que la mejora se puede consolidar y persistir a futuro solo si se sostiene un crecimiento en la economía que permita mantener los niveles actuales de ocupación o mejorarlos, pero también será necesario que el salario real siga creciendo. Pero es impensable apostar a la mejora del salario real por reajustes de salarios si a la vez no existe la contrapartida de mejora en la productividad, porque de lo contrario los precios seguirán el mismo crecimiento que los salarios y solo se realimentará la inflación, con funestas consecuencias.
Ello explica que tal como se han venido desarrollando los programas sociales, el asistencialismo solo significa una mejora efímera que desaparecerá al mismo tiempo que se suspenda la asistencia, por la causa que sea, como podría ser una caída en la recaudación por un deterioro o una paralización de la economía.
Aparece por lo tanto como un aspecto insoslayable la necesidad de la consolidación y hacer sustentable esta mejora, porque cuando cae la economía los primeros que sufren son los sectores menos calificados y los empleos precarios, que son los que sostienen los ingresos de quienes están apenas por encima del umbral de la pobreza. Y de suceder algo así, no habrá dinero que le alcance al Mides para asistir a los que van quedando por el camino, cuando en épocas de auge económico ya ha representado un gran peso para el país.