También Pidieron respuesta a Primaria

Locales | 11 May El Grupo de Vecinos de Guichón se manifestó satisfecho por la entrevista mantenida con integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), a la que presentó denuncias de fumigaciones de escuelas con agroquímicos y violación de las distancias de exclusión para dichas aplicaciones en las inmediaciones de centros educativos y cursos de agua.
Asimismo, representantes del grupo también fueron recibidos por el presidente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, a quien informaron sobre el tema.
“Nos pareció que Florit no estaba al tanto de este problema y el riesgo que estas situaciones representan para los niños que concurren muchas de las escuelas rurales. No obstante, se comprometió a disponer que la Inspección Departamental de Primaria en Paysandú realice un seguimiento de las escuelas que han sido fumigadas o que tienen plantaciones de soja que violan las distancias de exclusión”, dijo Marcelo Fagúndez, integrante del grupo de vecinos.
Respecto a la reunión con integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, aseguró que la denuncia presentada “fue tomada con mucha preocupación”, al tiempo que expresó Fagúndez que “sin duda es un problema no sólo de la zona de Guichón y el interior de Paysandú, sino que también se da en otras partes del país pero hasta ahora no había habido algún grupo organizado o de vecinos que presentara una denuncia específica, razón por la cual nos felicitaron por la iniciativa”.
DENUNCIA
El integrante del Grupo de Vecinos de Guichón agregó que se informó a la citada institución que “la lista de escuelas fumigadas se ha incrementado en forma alarmante”, dándole cuenta de las denuncias presentadas oportunamente ante la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP respecto a fumigaciones –en casi todos los casos efectuadas con “mosquitos”-- que violan la normativa vigente, con casos concretos en las escuelas 18 de la localidad de Merinos, 40 Colonia Pintos Viana, 51 Paraje Guayabos, 84 de Molle Grande y 43 de Parada 444.
“Nosotros realizamos las denuncias oportunamente y sabemos que en forma inmediata han habido inspecciones de la Dirección General de Servicios Agrícolas en esos lugares, pero no sabemos qué ha pasado con el trámite después, es decir si los propietarios de esos predios o plantadores fueron sancionados de alguna forma”, agregó.
SOLICITAN RECOMENDACIÓN
Fagúndez dijo también que el grupo solicitó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que intervenga efectuando recomendaciones al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, “para que sea más riguroso en los controles sobre estas violaciones que atentan fundamentalmente contra la vida y el ambiente”.
Sobre este punto, informó el integrante del grupo de vecinos que la institución estudiará la denuncia y en unas tres semanas estaría divulgando una recomendación al respecto.
Al referirse a los cometidos de la institución señalada, dijo que “busca asesorar a los distintos organismos y entidades estatales para que armonicen y mejoren la protección de derechos humanos en base a los estándares internacionales”.
Parte de la tarea de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es la la revisión de la legislación existente y de las prácticas institucionales. Esto quiere decir que si hay una legislación que es correcta pero en la aplicación de la misma se producen violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Uruguay, puede hacer recomendaciones.
La institución sigue un procedimiento cuasi jurisdiccional y puede pedir antecedentes a cualquier organismo, realizar investigaciones en el lugar sin pedir autorización e interrogar personas. En el caso que se llegue a la convicción de que se ha cometido una violación, emite una recomendación que no es vinculante pero tiene fuerza moral.
Si la recomendación se cumple, la institución monitorea el cumplimiento; pero si el organismo no la cumple o no la acepta, la INDDHH tiene, por ley, la posibilidad de dar la mayor difusión posible al no cumplimiento, lo que representa cierta condena moral para el organismo del Estado, que debe cumplir con lo que un organismo especializado le aconseja para proteger los derechos de las personas.