Opinion | 15 May Gradualmente, a fuerza de hechos incontrastables, la Humanidad ha ido tomando conciencia de que los recursos naturales en el mundo no son infinitos y que, si no se adoptan medidas amigables con el medio ambiente, se corre el riesgo de generar contaminación y degradación que de prosperar, tornaría inhabitable el terreno en un futuro más o menos cercano.
Atrás quedaron felizmente las épocas de las pruebas atómicas en la atmósfera, que se dieron sobre todo en las décadas de 1950 y 1960, como lo hacían todavía los franceses en islas del Pacífico a miles de kilómetros de distancia de su país, contaminando áreas cercanas habitadas debido al viento radioactivo, mientras los residuos nucleares envenenaban vastas extensiones de océano, afectando la vida acuática.
La dura lección ha sido aprendida o por lo menos se saben las consecuencias de extraer recursos sin límites y agredir la naturaleza, de desforestar como se ha hecho con la Amazonia y otras reservas naturales de bosques que son el pulmón de la Tierra. Por cierto, los países desarrollados han sido los mayores depredadores, primero en su tierra y luego en los países del tercer mundo, donde las inversiones fueron muchas veces condicionadas a que se debiera cerrar los ojos para dejar hacer, aunque el medio ambiente se viera afectado y los recursos naturales agotados o contaminados.
También se contaminó en grande en los países del ex socialismo real, donde se pretendió industrializar a cualquier precio, y se dejaron grandes áreas afectadas, solo por mencionar algunos hechos conocidos tanto en el capitalismo como en el mundo de la explotación colectivizada, que tampoco ha sido paladín en la defensa del medio ambiente.
El punto es que quien más quien menos, ha asumido que la explotación de los recursos naturales, los avances tecnológicos, las grandes obras de infraestructura, deben ser evaluadas en la relación costo-beneficio, porque no hay acción del hombre que no signifique cambiar parámetros en el ecosistema. Hasta las mejores intenciones se han visto desvirtuadas cuando se ha modificado por ejemplo el equilibrio entre las especies, al haberse trasplantado mamíferos, aves y hasta insectos de una región a otra para combatir tal o cual plaga, y se ha encontrado con que se han creado enemigos naturales o eliminado depredadores que permitían controlar otras especies que se reprodujeron más de lo debido y se modificó el equilibrio, para encontrarse entonces con que el remedio podía resultar peor que la enfermedad.
América Latina es precisamente una región donde hay enormes recursos naturales inexplorados o subexplotados, y está en los respectivos gobiernos, en las fuerzas vivas de cada país, en las propias organizaciones que conforman el tejido social y de actividad, el ponderar los pro y los contra de las inversiones para explotar estos recursos, porque las empresas se llevan naturalmente su cuota parte de ganancias, como es el caso de cualquier emprendimiento de riesgo, pero también derraman beneficios económicos sobre la nación que cuenta con estos recursos. Además, es sabido que sin producción no hay riqueza, y la historia demuestra que el mayor contaminante del mundo es la pobreza.
En nuestro país, sin ir más lejos, hubieron voces que se alzaron y todavía lo hacen contra las inversiones en el área forestal, que permitieron que Uruguay pasara de ser de un país sin árboles a un territorio con 800.000 hectáreas de forestación para industrializar, aportando una riqueza que hasta entonces era inexistente, con el instrumento de la Ley de Desarrollo Forestal, que estableció estímulos para las inversiones en esta área.
A esa ley se opuso en su momento el Frente Amplio, que sin embargo una vez en el gobierno apoyó la instalación de plantas de celulosa y otras inversiones en el sector de la madera, porque asumió que son beneficiosas para el país.
La cultura de gobierno que ha traído aparejados estos cambios de postura --que es bienvenida--, ha sido para bien, y permitido asumir que las cosas no hay que verlas en blanco y negro, como negarse a toda inversión que signifique cambiar una piedra de lugar, o en el otro extremo, dejar que se haga cualquier cosa con tal de que vengan los inversores.
En este contexto debe evaluarse la perspectiva de la explotación de mineral de hierro de la zona de Valentines, donde el principal interesado a través del proyecto de Aratirí propone una cuantiosa inversión, en tanto hay grupos defensores del medio ambiente que se oponen tenazmente a que se encare esta minería a cielo abierto, con cuyo objetivo se ha aprobado una ley específica.
Como en todos los órdenes, el desafío estriba en lograr un punto de equilibrio entre los beneficios de la inversión y los costos que se generen, tanto en el medio ambiente como en eventuales perjuicios para otras explotaciones, y es en este sentido que el gobierno que tiene la facultad de decidir debe ponderar los pro y los contra y actúe en defensa del interés general, sin caer en maniqueísmos, y tampoco ceder a las presiones de grupos intolerantes que en su defensa a ultranza del medio ambiente, pretenden que nada se toque.
En este sentido, coincidimos con el presidente José Mujica, cuando al referirse a esta problemática señaló con su particular forma de expresión que el gobierno “no dejará al medio ambiente como una foto”, lo que debe interpretarse como un mensaje a los ambientalistas que “se bandean” y resultan tan intolerantes como extremistas.
El punto es que el Estado debe condicionar las inversiones en base a normas y reglas de juego claras, pero también controlar y sancionar, llegado el caso, antes que los efectos se vuelvan incorregibles.