Nacionales | 13 May El Gobierno revirtió un fallo judicial y canceló el permiso a la empresa Claro para operar en el sistema satelital para abonados, por lo que el Estado deberá enfrentar un juicio millonario de la telefónica mexicana. La empresa analizará las vías judiciales por considerar que se está incumpliendo con un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que legitimó la autorización otorgada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) a la empresa en 2008, luego que el Ministerio de Industria (MIEM) intentara anularla en 2009, informó El Observador.
Por su parte, el gobierno defiende la legitimidad de la resolución firmada por el presidente José Mujica, puesto que consideran que los motivos de la revocación de ahora son diferentes a los de la anterior. Argumentó que no se puede establecer cuál es la persona física que está detrás de la empresa.
El decreto firmado por Mujica y el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, establece que la empresa “Flimay S.A. (Claro) es una sociedad con acciones nominativas, su único accionista es Metrored Holdings LTDA., cuyos integrantes se desconocen, lo cual hace que la identidad de los titulares” de la S.A. también sean desconocidos y ninguna persona física figure como titular de la misma.
En tal sentido, se considera que es “groseramente desvirtuado el fin perseguido” por el decreto 349/990, que regula el servicio de televisión para abonados.
El gerente general de Claro Uruguay, Horacio Alvarellos, se sorprendió ante la determinación del gobierno. “Lo que tenía el ministerio para evaluar es el visado técnico de unos decodificadores que íbamos a usar de prueba para comenzar a trabajar”, explicó. Consideró que es “casi una situación de desacato el no cumplir con lo que resolvió el tribunal, que es el máximo tribunal en Uruguay”. Añadió que el hecho de que “el Tribunal de los Contencioso haya llegado a una resolución habilita a la empresa a realizar juicios por daños y perjuicios de 2008 hasta ahora”, puesto que el gobierno con la revocación del permiso genera que la empresa pierda el capital invertido para comenzar a operar. Según publicó El Observador, entre los aspectos mencionados por el MIEM se encuentran “la autorización a un nuevo operador en todas las localidades podría significar una lesión en su interés directo, personal y legítimo”. En este caso, el daño se agrava por ser un “poderoso competidor internacional” que se instalaría frente a los proveedores nacionales. Otro de los aspectos mencionados es que la adjudicación del permiso a la empresa Claro “no fue publicado en el Diario Oficial” ya que solo fue realizado en el sitio web de la Ursec, así como la autorización tampoco fue publicitada, lo que “no es tenido como suficiente” según la normativa. Además se destaca el hecho de que “no surge de las actuaciones” que otorgaron la licencia a Claro “que las empresas que podrían ver lesionados sus intereses hayan sido puestas en conocimiento de lo actuado”.
CEIBAL EN INGLÉS CON
BUENOS RESULTADOS
La coordinadora del Proyecto Ceibal en Inglés, Claudia Brovetto, informó a El Observador que unos 25.000 niños de cuarto, quinto y sexto de Primaria se beneficiarán del Programa Ceibal en Inglés al terminar el año, el cual permite dictar clases con docentes remotos mediante videoconferencia.
El programa comenzó a aplicarse el año pasado en forma de piloto en 47 grupos de cuarto año de 20 escuelas urbanas con el objetivo de que los escolares puedan acceder al inglés y universalizar el aprendizaje del idioma. Los buenos resultados obtenidos al terminar 2012 determinaron la extensión del programa a más grupos durante este año.
Más de 900 niños participaron de la prueba en línea, de los cuales el 81% aprobó con una calificación superior al 60%, mientras 70 niños obtuvieron una nota de entre el 50% y el 60%.
Respecto a estos resultados, Brovetto dijo que “esto nos dio la confianza para decir que con este sistema los niños aprenden bien, los maestros se sienten bien y las escuelas se apropiaron de la tecnología”. En tal sentido, entre marzo y abril de este año se incorporaron unas 100 escuelas al plan, casi 480 grupos nuevos, con el objetivo de que para después de vacaciones de julio se sumen otros 500 grupos. De esta manera al terminar el año casi 1.000 grupos de cuarto, quinto y sexto año --lo que equivale a 200 escuelas urbanas y a 25.000 niños-- se habrán beneficiado del plan. En tanto, la extensión a las escuelas rurales está siendo evaluada por los técnicos del plan. “Hay que pensar cómo vamos a llegar, pero tal vez se pueda instalar videoconferencia con otro sistema”, comentó Brovetto.
Para este año, el objetivo es universalizar el inglés, desde la modalidad común o Ceibal, a todos los grupos de cuarto, quinto y sexto de las escuelas urbanas del país. Sin embargo, no se descarta comenzar a trabajar con los escolares más pequeños o con la enseñanza media.
El presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, dijo a El Observador que “nosotros estamos muy entusiasmados porque las pruebas de suficiencia del año pasado fueron buenas, los chiquilines aprendieron, los maestros están motivados, y generar el hecho de que el inglés es importante es uno de los cambios culturales que hay que dar”.
ARCHIVAN DENUNCIA
CONTRA FERNÁNDEZ
La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, resolvió el archivo de la denuncia contra el ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, que lo vinculaba con una “aparente conspiración criminal” junto con “funcionarios públicos de muy alta jerarquía”.
Según publicó Montevideo Portal, la denuncia --presentada en 2010 por el abogado Gustavo Salle-- indicaba que “existiría una aparente conspiración criminal en la que podrían estar involucrados funcionarios públicos de muy alta jerarquía, de diferentes poderes del Estado, constituyendo, en apariencia, el Dr. Gonzalo Fernández articulador de la misma”.
Además acusaba a Fernández de incidir “a través de la mediación del senador blanco y ex canciller Sergio Abreu” en la promulgación de la Ley Nº18.411 que “atiende dos situaciones particulares concretas: la del desfinanciamiento y disolución del Casmu y el delito imputado en el Auto de Procesamiento a los hermanos Peirano, logrando amparar la situación procesal de los hermanos Peirano”.
Por su parte, la fiscal Mónica Ferrero estableció en su presentación que “no se probó que los legisladores que votaron la Ley Nº18.411 y los que estuvieron trabajando en su génesis hayan actuado con la intención de cometer el ilícito del artículo 161 del Código Penal, no hubo conspiración ni coparticipación de los legisladores en el referido ilícito, porque sencillamente el mismo no se cometió. Tampoco cometieron dicho ilícito los miembros del Tribunal de Apelaciones, ni los ministros de Estado, obviamente que tampoco el Dr. Gonzalo Fernández, quedando su actuación en el evento reducida a la sugerencia o advertencia de la cual da cuenta la investigación criminal efectuada”.
JUSTICIA COMENZARÁ
A CITAR POR DENUNCIA
La jueza del crimen organizado, Adriana De los Santos, está trabajando en la denuncia que presentaron los diputados argentinos, Graciela Ocaña y Manuel Garrido, y comenzará con las citaciones con el objetivo de determinar si hubo ingreso y egreso de dinero proveniente de Argentina y si participaron o no empresas de nuestro país.
A partir de la denuncia efectuada por el programa argentino “Periodismo para Todos”, varios protagonistas que participaron en el traslado de dinero, brindaron su testimonio en los medios y deberán también declarar ante la justicia, ratificando o rectificando su declaración, publicó El Espectador. Asimismo, el piloto Daniel Muñoz confirmó los vuelos con dinero del secretario del ex presidente Néstor Kirchner, quien viajaba dos veces por semana a Santa Cruz con bolsos de dinero. Siempre iba y volvía en el día, declaró al diario Clarín. Añadió que partía desde Aeroparque, generalmente después del mediodía.
“Llegaba en un auto rojo, creo que era un Clio, a la plataforma militar. Todos se hacían los distraídos”, recordó. Confesó también que con el sistema ideado de llevar dinero desde Buenos Aires al Calafate, a partir de 2007, se mandaron unos 3.000 millones de euros. En tanto, la ex secretaria de Kirchner, Miriam Quiroga, declarará como testigo ante el juez federal Julián Ercolini en la causa en que se investigan denuncias de corrupción contra funcionarios del Gobierno y empresarios K. Además explicó que la ruta de los bolsos con dinero empezaba en la Casa Rosada o en Olivos y terminaba en Río Gallegos o El Calafate.