Opinion | 16 May Todos los años más de 20 mujeres mueren asesinadas por sus parejas o ex parejas en el Uruguay. Si bien es cierto que el Estado ha realizado algunos avances en lo que refiere a la prevención y abordaje de este problema, resulta evidente que es necesario aumentar el esfuerzo para garantizar los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional.
Para confirmarlo, a la estadística ya existente en la materia se suma una nueva, realizada a partir de datos de los centros de salud públicos y privados de todo el país, que indica que una de cada cuatro mujeres uruguayas fueron objeto de violencia.
El estudio determinó que el 27,7% de las mujeres consultadas fueron agredidas física, psicológica o sexualmente, mientras que el 35% de ellas considera que el hecho fue “bastante o muy grave”.
De esta “Encuesta de prevalencia de violencia doméstica” presentada en la víspera en la sede del Ministerio de Salud Pública, que participó en su elaboración junto al Instituto Nacional de Estadística y la Facultad de Medicina, surge también que varias mujeres reciben más de un tipo de violencia, con predominio de la psicológica (23%), en tanto que la física y sexual alcanza al 6%.
Otro dato importante es que el 41,9% de los agresores son esposos o pareja estable, por lo que en 7 de cada 10 casos la mujer declara convivir con él. Además, el 20,5% de las mujeres que padecen violencia doméstica indicó que es agredida todos o casi todos los días y el 42% al menos una vez al mes.
De acuerdo a una encuesta difundida por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y realizada por RUCCVDS, mientras el 81% de la población uruguaya piensa que la inseguridad es el problema más importante del país y sólo el 9% piensa que lo es la violencia doméstica, mueren más mujeres por violencia doméstica que la suma de hombres y mujeres muertos en rapiña.
Es evidente que este tema tiene que ser tratado con otro orden de prioridad, garantizando presupuestos y recursos humanos para trabajar en defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia doméstica, además de hacerse plenamente efectiva la aplicación de la normativa nacional en materia de violencia de género.