Paysandú, Martes 21 de Mayo de 2013
Locales | 20 May Importantes conclusiones fueron aprobadas por representantes del foro uruguayo y sanducero, reunidos en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, que culminaron pasado el mediodía de ayer y que fueron organizadas por el Colegio de Abogados del Uruguay, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal y el Colegio de Abogados de Paysandú.
Asimismo quedó definido que a fines de julio, aunque la fecha debe aún confirmarse, el Colegio de Abogados de Paysandú realizará a nivel departamental una jornada de derecho transfronterizo, atendiendo precisamente a la problemática de los “bagayeros” y el “cero kilo” determinado por la Dirección Nacional de Aduanas.
Entre las conclusiones se consideró fundamental “el alcance del proceso en relación a la coordinación con los derechos humanos fundamentales en pos del beneficiario de la Justicia, el ciudadano”, dijo Pedro Dávila, presidente del Colegio de Abogados de Paysandú.
Asimismo “se propugnó la creación de órganos a nivel del Tribunal Contencioso Administrativo en el mismo nivel que existen órganos a nivel del Poder Judicial para así poder contar con segundas y terceras instancias de apelación” que actualmente no están disponibles.
También en las conclusiones “se le dio especial relevancia a lo que tiene que ver con las medidas cautelares, entendiéndose por aquellas las que el ciudadano solicita a la Justicia, en pos de defender un derecho que se encuentre en peligro, a efectos de una tramitación rápida”, dijo Dávila. Puso como ejemplo “la medida cautelar de solicitud de pensión alimentaria, para aquellas personas en estado de necesidad” para que tengan un proceso rápido. Asimismo, “que se asegure la igualdad del proceso a la contraparte, es decir que sea con comunicación rápida al demandado, de modo de garantizar efectivamente lo que la Constitución mandata, el respeto a la igualdad del proceso”.
Otra de las conclusiones tiene que ver con “el derecho que tiene cualquier tercero interesado en el proceso, con las máximas garantías en el proceso. A modo de ejemplo, cuando se realiza una compra-venta de un bien y resulta que hay un tercero afectado, es el que debe articular el mecanismo de garantía, en el marco de lo que establece la Constitución”.
Pedro Dávila Collazo subrayó que hubo un panel especial sobre proceso penal, considerándose “lo que tiene que ver con el testigo protegido como forma de colaboración con el proceso, para poder aclarar situaciones delictivas de alto y bajo impacto, siempre respetando el derecho de la inviolabilidad de la defensa y la consideración y respeto a cada abogado en la labor profesional”. Estas conclusiones serán publicadas en una revista especializada y, cuando se considere oportuno, enviadas a diferentes organismos.
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