POR JUICIO LABORAL

Locales | 18 May En lo que resta del mes, el intendente Bertil Bentos y el diputado Miguel Otegui harán efectivo el pago de una indemnización de 390.825 pesos más los intereses, reajustes y multas que correspondieren en beneficio de Elcy Olivera, después que el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º Turno confirmara el fallo de primera instancia, que le otorgaba razón a la demandante.
Miguel Otegui confirmó a EL TELEGRAFO que se han comunicado con el abogado de la demandante para ajustar los detalles del pago, que se hará en una vez.
Para la justicia -en ambas instancias- la demandante probó que trabajó desde el 2 de febrero de 2005 al 2 de febrero de 2011. Su salario mensual fue de 16.000 pesos hasta un mes antes de ser despedida, cuando fue rebajado a 12.000 pesos. Otegui reiteró lo que ya había indicado en ocasión del juicio de primera instancia, que “hasta mayo de 2011 se le estuvo pagando y los recibos los firmó su esposo. Si se le pagó 12.000 fue porque paso a ser asesoramiento”. No obstante, mediante certificado médico, Olivera probó que la desvinculación surgió después de una licencia maternal y en pleno período de lactancia.
De acuerdo a la sentencia --que es del 13 de abril de 2013-- los demandados negaron que existiera una relación de dependencia laboral que los ligara a Olivera (primero a Bentos y luego a Otegui) alegando que fue contratada como asesora “sin horario laboral a cumplir, no a la orden, ya que si se le requería alguna diligencia extra se negaba rotundamente”.
Subrayaron que “ella misma” había asumido “la carga de afiliarse a los beneficios de seguridad social en virtud de su función, lo que por otra parte jamás cumplió pese a las reiteradas solicitudes efectuadas por nosotros en su momento; incluso se le abonaba un plus a tales efectos”.
Pero el fallo de Apelaciones determinó que la documentación y los testimonios que presentó Olivera reflejan en forma “clara y contundente” que mantuvo una relación de dependencia laboral.
Olivera también presentó un carné de la Cámara de Representantes en la que figura como secretaria parlamentaria ante la embajada de Estados Unidos en Uruguay, de 2007. “Se trata de un hecho o acto propio del demandado que no puede ahora al contestar la demanda argüir que la actora no era secretaria, cuando él mismo así lo hizo constar ante una delegación extranjera en nuestro país”, dice la sentencia. “El obligado al pago es el legislador” que recibe del Parlamento una partida especial, que tiene como uno de sus destinos el salario de los secretarios, agrega la sentencia.
En total, la Justicia le reconoció a Olivera seis años de labor en el Palacio Legislativo, como secretaria primero de Bentos y luego de Otegui, y que fue despedida en febrero de 2011, sin percibir despido. Los casi 400.000 pesos (que seguramente terminarán sumando algo más) incluyen despido común, despido por trabajadora grávida, horas extra, salario vacacional, aguinaldo y licencia no abonados por ninguno de ambos legisladores.