Opinion | 23 May En Uruguay mueren más de 5.000 personas al año por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco. La industria del tabaco, que obtiene grandes ganancias a costa de la salud y la vida de las personas, se ha opuesto a la implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud, y cuando no ha podido evitar su aplicación, ha intentado que se aprueben normas débiles y poco efectivas. Sin embargo, un pequeño país como Uruguay ha dado una gran batalla a los intereses internacionales vinculados al tabaco a partir de las medidas instrumentadas durante el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez.
Uruguay se convirtió el 1º de marzo de 2006 en el primer país de América Latina y el quinto del mundo en ser libre de humo de tabaco. La ley uruguaya se considera ejemplar en la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco y hasta nos dieron un premio por este esfuerzo. Otra consecuencia de esta campaña fue el juicio iniciado por Philip Morris al Estado uruguayo.
A nivel sanitario los resultados han sido sumamente positivos: sólo en los primeros cuatro años de aplicación los infartos de miocardio bajaron el 17 por ciento y el consumo en adolescentes cayó a la mitad, mientras que un informe de la ONG Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo indica que desde 2005 la contaminación en ambientes públicos cerrados bajó 90%.
Por otra parte, encuestas realizadas señalan que la amplia mayoría de la población respalda al gobierno en su lucha antitabaco.
Según lo anunciado el presidente Mujica va por más: el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que limita absolutamente toda publicidad, promoción o patrocinio de los productos de tabaco en el interior de los puntos de venta, aspectos que habían sido excluidos de la ley 18.362.
Según la exposición de motivos, la excepción se elimina “prohibiendo así totalmente la publicidad, incluyendo la exhibición de los productos de tabaco, ya que ésta constituye una forma de hacer publicidad”.
La decisión puede ser discutible, pero es innegable que va en el mismo camino iniciado años atrás, convirtiendo a este tema en una política de Estado. Ahora bien, la prohibición de la exhibición de los paquetes de cigarrillos no implica el cumplimiento y la fiscalización parece dificultosa. Por eso, una medida más oportuna y necesaria es el control efectivo de la venta a menores, lo que está prohibido pero igualmente sigue ocurriendo como una situación cotidiana.