Opinion | 24 May La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no deja de mencionar en sus discursos la herencia que le dejó su difunto esposo Néstor Kirchner en el terreno de las ideas y de la justicia social. Precisamente en estos días asoma a la opinión pública la parte más oscura e ignorada de ese legado. Todo aquello que se relaciona con el presunto vínculo que tuvo Kirchner con el empresario Lázaro Báez, protagonista de un escándalo de corrupción que amenaza con extenderse a las más altas esferas del poder, más allá que hasta ahora el gobierno no ha hablado explícitamente de las acusaciones y la Justicia se muestra remisa a investigar en profundidad.
“Estoy enfrente de cinco millones de personas diciendo que la presidenta encubre maniobras de corrupción. Por favor, díganos y pruébenos que estamos equivocados. Si es mentira, Cristina, todo lo que estamos diciendo, dígaselo a la gente”, dijo hace un par de semanas el periodista Jorge Lanata al término de su programa “Periodismo para todos” (PPT) que emite canal 13, del odiado (por el gobierno argentino) grupo Clarín.
Del otro lado del río (esto es, respetando la soberanía que el vecino país tiene para dilucidar sus asuntos internos), la principal pregunta es cuánto del dinero supuestamente lavado por el empresario, así como el enriquecimiento vertiginoso de los políticos cercanos a la Presidenta argentina, pasó por Uruguay. Se conoce solamente de una estancia valuada en 4 millones de dólares y con factura por 14 millones de esa moneda.
La operación de lavado de dinero --que parte de presuntos gravísimos actos de corrupción-- sería tan colosal que Kirchner y Báez se habrían construido bóvedas subterráneas, al mejor estilo “Rico McPato”, para guardar parte de esa fortuna.
Con viajes comprobados de acusados como implicados a Uruguay (como el reciente vuelo a Carmelo del vicepresidente Amado Boudou), probablemente en Uruguay no haya bóvedas, pero si generosos depósitos en bancos uruguayos --más allá que existe un sistema anti lavado que la banca dice respetar-- que pertenezcan al grupo acusado (y con buena cantidad de pruebas y testimonios) de acciones corruptas, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. Asimismo, hay que determinar si la llamada “burbuja inmobiliaria” en Montevideo, Punta del Este, La Barra de Maldonado y otros lugares –aunque en Uruguay nunca se quiso reconocer como tal ni por el Gobierno, ni por la Cámara Inmobiliaria o por el sector de la construcción--, no está sustentada parcialmente en estos fondos del Poder K. Uruguay puede y debe investigar a fondo si el territorio ha sido usado como paso o destino de ese dinero. Su par argentino en tanto, por toda respuesta, apenas si quiere que la gente mire fútbol en lugar de a Lanata.