Organización sería financiada por familiares de presos

Policiales | 29 May Al menos seis policías se encuentran detenidos e incomunicados en calidad de sospechosos de conformar una organización que cobraba por proporcionar drogas y alcohol a los reclusos de la cárcel departamental, en el marco de un procedimiento llevado adelante por la Dirección de Investigaciones y en la órbita del juzgado Penal de Segundo Turno.
De acuerdo a información de carácter extraoficial a la que tuvo acceso EL TELEGRAFO, solo uno de los policías que están a disposición judicial presta aún servicio en el establecimiento carcelario, en tanto los restantes habían sido trasladados a otras dependencias, al parecer como resultado de sospechas vinculadas al ilícito que se investiga actualmente.
El procedimiento de la Dirección de Investigaciones es resultado de una denuncia presentada formalmente días atrás por otro funcionario de la cárcel contra compañeros de labor que ingresaban ilegalmente al recinto drogas y whisky para distribuirlos entre los reclusos, así como les alquilaban horas extra en la habitación conyugal, en la que los internos mantienen relaciones sexuales con sus parejas y que debe ser solicitada expresamente a la Dirección del establecimiento.
Según el denunciante, esos servicios brindados irregularmente eran abonados a los policías mediante giros efectuados a nombre de uno de ellos por familiares de los reclusos beneficiarios de la maniobra. Estos giros, cuyos montos que se situaban en el entorno de los 3.000 pesos, eran realizados desde una sucursal de Abitab en la ciudad de Salto con el propósito de evitar sospechas.
Detenidos e incomunicados
Los comprobantes de esos giros forman parte de algunas las pruebas presentadas por el denunciante ante la Dirección de Investigaciones, que de inmediato inició el procedimiento de rigor.
Como resultado, el lunes un total de seis policías fueron separados de sus cargos y permanecen en calidad de detenidos e incomunicados, así como se comenzó a indagar a otras personas que no estarían directamente involucradas en la maniobra, como la responsable de un comercio cercano a la Cárcel Departamental, donde los guardia cárceles denunciados se aprovisionarían de las bebidas alcohólicas que distribuirían entre los reclusos.
A la vez, también fueron indagados otros guardia cárceles no involucrados en la maniobra investigada. En la víspera, entre 10 y 15 personas declararon en el Juzgado Penal de Segundo Turno, a cargo de la jueza Karen Ramos, quien hoy llevará adelante la instrucción presumarial y, debido a los plazos legales vigentes, en la tarde estaría adoptando su resolución definitiva.
“Mera coincidencia”
Según nuestras fuentes se trataría solo de una “mera coincidencia” que la denuncia de la situación en la cárcel haya sido presentada exactamente en el momento en que el establecimiento se transformó en el Centro de Rehabilitación Paysandú y dejó de depender de Jefatura de Policía.
Como se informó, la antigua Cárcel Departamental acaba de convertirse en el Centro de Rehabilitación Paysandú y funciona ya bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación.