Opinion | 01 Jun La antigua Cárcel Departamental acaba de convertirse en el “Centro de Rehabilitación Paysandú” y funcionará bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación, por lo que el establecimiento carcelario dejó entonces de depender de Jefatura de Policía. La disponibilidad inmediata de centros de idéntica naturaleza en otros puntos del país facilitaría el régimen de traslados de reclusos y, presuntamente, ello representará una ventaja para combatir con eficacia eventuales problemas de conducta. No obstante, deberán incorporarse “operadores penitenciarios” civiles, que comenzarán a trabajar en diferentes áreas dentro del establecimiento, en una experiencia cuya implementación ha enfrentado ya múltiples dificultades en otros puntos del país.
Algunos de los operadores penitenciarios que trabajan como guardiacárceles tienen problemas para ejercer su función por la ambigua delimitación entre sus tareas y las de los policías. Al respecto, el comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé, indicó en un informe que los civiles “han tenido dificultades” pues “existe cierto vacío en cuanto a la delimitación de las tareas que tienen que realizar”.
Los operadores no son policías, llevan uniforme distinto y su figura fue creada para ejecutar una tarea diferente. Los policías que custodian las cárceles por dentro no portan armas de fuego, pero sí cachiporras. Los operadores penitenciarios, en cambio, están desprovistos de toda arma. Su labor es trabajar en la rehabilitación de los reclusos, tener un buen relacionamiento con ellos y hacerse cargo de la coordinación del trabajo y estudio que realizan los presos.
De todos modos, una de las limitaciones principales de esta función es que, en caso de mala conducta no los pueden sancionar directamente sino que deben elevar un informe al encargado del establecimiento que luego es analizado y evaluado por una comisión.
Otra cuestión que tampoco se plantea claramente es el rol del Instituto Nacional de Rehabilitación; un organismo similar al Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral, es decir, una entidad de naturaleza constitucional pero con autonomía técnica, lejos del Ministerio del Interior. A propósito, sólo Cuba y Uruguay, en América Latina, mantienen las cárceles dentro del Ministerio del Interior; ningún país democrático en el mundo, de hecho, funciona de esta forma. Las cárceles son independientes o dependen del Ministerio de Justicia.
Sin incurrir en valoraciones prematuras, la creación de un centro como este aparenta ser una solución incompleta. Pero habrá que esperar para no emitir juicios precipitados.