Cecilia Michelini y Ariel Castro

Locales | 02 Jun El Centro Universitario de Paysandú (CUP) aborda un eje temático sobre derechos humanos durante el año lectivo que comenzó con la presencia de Cecilia Michelini en Paysandú y Guichón participando en mesas redondas, a las que se sumarán otras actividades programadas para el 27 de junio, en recuerdo del golpe de Estado y 40 años de la huelga general.
Michelini, hija de exdiputado Zelmar Michelini, y Ariel Castro, nieto del exdirigente y maestro Julio Castro, reconocen avances en la Justicia en torno al destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura, “pero en realidad no se sabe o se sabe a presión. Este asunto tiene varios planos que pasan por la Justicia, donde se había comenzado a avanzar fuertemente pero vino este retroceso con la resolución de la Suprema Corte”.
“Ley de Caducidad es un retroceso para avanzar en derechos humanos”, aseguraron
Ambos reconocieron que el trabajo continúa con los aportes, “sobre todo del personal de tropa”. En tal sentido, Michelini indicó que “por eso era tan importante que la Ley de Caducidad no se aplicara, porque siempre se pensó que podía venir información de la gente que era indirectamente responsable o subordinada”. Castro aseguró que la aparición de los restos de detenidos desaparecidos “puso arriba de la mesa lo terrible de la dictadura. Eso fue la patada que nos sacó el balde que teníamos en la cabeza y cambió a mucha gente que no se creyó aquello de ‘dar vuelta la página’”. En tal sentido, consideró que “los uruguayos somos excesivamente partidarios y no políticos. Son crímenes de derechos humanos, por lo tanto afectan a la humanidad y no son crímenes políticos. El error que cometimos a la salida de la dictadura fue plantearlo como un tema político que había que negociar. Entonces, al mismo tiempo que se abrieron los juicios en 1985, se iniciaron las investigaciones en el Parlamento, pero nadie daba importancia a lo que ocurría en la Justicia”, porque las discusiones se dieron en el ámbito legislativo.
Según Castro, en el Parlamento “se parlamenta y se negocia. Así fue como se negoció y no debió ser así porque se planteó como un tema que los políticos iban a resolver y eso sigue permeando”. Los familiares reconocieron que desde el ámbito político se deben eliminar “todas las trabas para la investigación”, destacando que “hubo cambios radicales con la asunción del gobierno del Frente Amplio que comenzó sacando los casos de la Ley de Caducidad. La Comisión para la Paz abrió la discusión para empezar a tirar de la piola con las investigaciones, pero fue visto en perspectiva y logró menos de lo que podía haber logrado”.
Queda por hacer
Ambos coincidieron en señalar que “hay mucho por hacer desde la memoria, educación o construcción de ciudadanía con los derechos humanos de hoy. Algo que podemos hacer es dar a conocer quién fue Julio Castro y lo que hizo cuando tenía 68 años y no necesitamos del Ministro de Defensa o la Suprema Corte para ir a las escuelas o liceos”.
Castro remarcó que “estos temas son importantes en función del futuro. Los derechos humanos que nos preocupan hoy son los de la infancia, pero si no entendemos algunas cosas, no nos ayudará. El punto no es que exigimos justicia por crímenes ocurridos hace 40 años, el asunto es que tengamos que pedirla por estas cosas, que son iguales a cualquier otro crimen”.
Los familiares de los dirigentes desaparecidos reflexionaron que el sistema actual afecta “a una cantidad de presos que aún no han sido juzgados” por el hecho de que “quienes tienen dinero pueden pagar un abogado que los ayude” a salir en libertad, cuando “otros siguen en la cárcel”, sin condena. Castro puso como ejemplo a los hermanos Peirano, quienes elevaron su caso a la Comisión Interamericana de derechos humanos. “Puedo pensar lo que quiera de ellos, pero si estuvieron más de tres años sin condena, eso está muy mal. Ahora qué pasa con los miles que existen en el Comcar hacinados y con el mismo problema”, preguntó.
Sin embargo, reconoció la falta de recursos en la Justicia, donde “los jueces o fiscales tienen que hacer su trabajo con mínimo apoyo. Se logró el Juzgado de Crimen Organizado pero faltan otras especializaciones, como el caso de derechos humanos”, y manifestó su molestia por la existencia “de una cárcel VIP para violadores de derechos humanos. Para mí, son presos comunes que deben vivir en condiciones respetuosas --porque no pedimos las mismas que le dieron a los presos en la dictadura--, pero resulta indignante que un ministerio los apoye y ponga recursos para que estén en condiciones ideales”, expresó.