Paysandú, Jueves 06 de Junio de 2013
Locales | 05 Jun La Junta Departamental de Paysandú, en sesión presidida por el edil Daniel Arcieri, recibió anoche a una delegación de trabajadores efectivos de la empresa Calmadón S.A., que opera con granos con el puerto local, quienes ven complicada su situación laboral a raíz de las medidas del SUPA (Sindicato Unico de Puerto y Afines), que el jueves anterior bloqueara la movilidad de camiones cargados con soja.
Acorde a lo asegurado por el edil Jorge Bartaburu (PN), exigirían un acuerdo para el pago de porcentajes diferenciales acorde a la carga y el pago por trabajo insalubre, por lo que el titular de Calmadón S.A., Manuel Castillos, cesaría las actividades de la empresa en el puerto.
Richard Alonso, uno de los portavoces de los obreros, dijo en sala que “es una empresa que invertiría en el puerto de Paysandú una suma de entre 200.000 y 300.000 dólares. No es una empresa fantasma, sino que está trabajando en Nueva Palmira (de donde es originaria) y otros puertos”.
Indicó que está dando trabajo a quince personas, más la vía indirecta que incluye talleres y demás servicios, afirmando que “el SUPA es un sindicato que no tiene personería jurídica, cuyos integrantes trancaron la salida de camiones”. Luego explicaría que en el puerto existe la Bolsa de Trabajo de Paysandú y que a través de aquellos sindicatos “cada dos de nosotros quieren tres de ellos (trabajadores proporcionados por la Bolsa)”.
Daniel Kniazev afirmó que también tuvieron lugar “sabotajes”, ya que “se tiraron piedras dentro del grano. ¡Nunca pensamos que un sindicato podría más que una fuente de trabajo. La cuestión es que lograron meterse y solamente dos (de aquellos trabajadores) eran efectivos y a los demás tenían que ir a buscarlos (en otras actividades)”.
También aseguró que “tengo ocho hijos y no me gusta el bagayo, con este trabajo todos los viernes cobraba (el pago de la empresa es de 95 pesos la hora con sueldo fijo de 10.000 pesos). Como sabemos, Paysandú ‘no es una viña’ y ahora nos perdemos la ‘changa’ que nos permitía llevar el dinero a nuestra familia”.
Intervinieron con preguntas los ediles Silvano Baiz y Arturo Terra (PN), así como Saúl Villagrán y Walter Duarte (FA). Este último les consultó si se habían contactado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante lo cual Alonso respondió “venimos acá porque este es el legislativo departamental y estamos ante un problema de Paysandú. Después iremos ante la burocracia del MTSS y otros organismos estatales”.
Se resolvió por unanimidad pasar el tema a la Comisión de Asuntos Laborales, a efectos de que encare gestiones urgentes, incluso con presencia física hoy en el puerto, así como ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Discrepancia
sobre estudios de
aguas termales
El edil frenteamplista Luis Lopardo, al amparo del artículo 47º de grave y urgente, planteó “la situación grave que se da en termas de Guaviyú, donde en los análisis químicos realizados (dio las fechas del 29 de abril y 6 de mayo) indican que de 22 instalaciones controladas, el 91 por ciento --20 de ellas-- dan cuenta que el agua del complejo termal está ‘inundada’ de bacilos colifecales. En dos o tres casos se recomienda la labor urgente de lavar, cepillar y aumentar la concentración de cloro en las piscinas”. En varias oportunidades subrayó: “no es nuestra intención alarmar”. Pero recordando lo que ocurrió años atrás con las playas de la ciudad de Paysandú, que fueron clausuradas por este motivo, dadas las circunstancias actuales el centro termal de Guaviyú “mañana mismo tendría que ser clausurado”.
Martín Flores, del Partido Colorado, recordó que “en este tema está vigente el decreto 253/79 de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que clasifica los distintos tipos de agua”, reclamando que “se trate el tema con la mayor responsabilidad”.
Por su parte el nacionalista Gustavo Rezzano aceptó las aprehensiones de Lopardo señalando que “se trata de un asunto de salud pública”, pero citando los mismos informes que manejaban solamente las direcciones de Higiene y de Turismo de la IDP, refutó los aspectos técnicos afirmando: “Yo hablo de lo que sé; y de lo que sé, conozco mucho”. Señaló entonces los parámetros de colifecales en aguas que determina la Organización Mundial de la Salud, aclarando que “una cosa son los coliformes fecales y otro los coliformes totales (entre estos últimos colibacilos orgánicos no siempre de materia fecal)”.
Agregó que el agua procede de 1.200 metros de profundidad y “entran en las piscinas grandes 180 metros cúbicos por minuto, o sea que hay un recambio rapidísimo”, por todo lo cual “no hay razones para que la gente se alarme. La Intendencia se autoerige cinco veces más en la calidad de agua que dispone la OMS, por lo que es ridículo decir que la gente que va a allí se ‘baña entre c…’”.
Con distintos argumentos intervinieron ediles de las tres bancadas políticas, votándose el pase del tema a la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.
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