Opinion | 06 Jun El 23 de junio será una fecha importante para la democracia uruguaya. La herramienta que se da al pueblo uruguayo es destacable y afortunadamente nuestra legislación brinda al soberano la posibilidad de decidir si queremos o no que una ley sea plebiscitada para ser ratificada o derogada. Ese aspecto de democracia no puede ser discutido por ninguna de las dos partes que tiene este tema. Y como se resuelva, seguramente será la posición de Uruguay todo.
La ley que establece la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo antes de las doce semanas de gestación --bajo un montón de condiciones-- no es un cheque en blanco que se da a las mujeres, sino que está claramente salvaguardando todas las opciones de mantener el embarazo, o tomar la decisión de abortar con total conciencia y tranquilidad.
En un tema como este no necesariamente hay dos posiciones que puedan definirse moralmente. No son malos quienes quieren evitar que las mujeres puedan abortar, y tampoco lo son quienes entienden que es derecho de cada uno decidir lo que hace con un embarazo no deseado o que puede traer complicaciones.
Claro que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción, disminuyen el número de abortos. Y la mujer tiene el derecho a elegir libremente lo que quiere hacer. No solamente por la libertad en sí misma sino para terminar con la “doble moral” de no aceptar que el aborto sea legalmente habilitado pero “desconocer” que hay clínicas abortivas. Parece irónico que sea un secreto a voces quién y dónde puede hacer un aborto clandestino y así se tratase de un médico, partera, enfermera o un ciudadano cualquiera, esa persona no tiene el rechazo social por lo que hace, sino que muchas veces es un destacado personaje de la ciudad. Y peor aún el caso de quienes para abortar utilizan métodos por mano propia, como tomar o utilizar cócteles de medicamentos o hasta hierbas para forzar el aborto.
Esa suerte de hipocresía social es lo que también busca revertirse, y se trata de evitar que a causa de la ilegalidad del aborto, haya muertes por mala praxis o la mujer termine teniendo graves problemas físicos por el uso casero de elementos potencialmente abortivos. Los últimos números conocidos establecen que serían unos 400 abortos mensuales los que se hicieron en el marco de la ley desde enero hasta abril. No hay cifras de cuántos abortos se hacían antes de la aprobación de la ley. Sí se sabía cuántas mujeres morían por abortar clandestinamente, y hasta ahora no las hubo.