Citarán a oficiales y transcribirán escuchas telefónicas

Policiales | 01 Jun Dos oficiales, un cabo y un sargento que cumple funciones de chofer en el Centro de Rehabilitación Paysandú, excárcel departamental, deberán declarar ante la jueza Penal de Segundo Turno, Karen Ramos, a requerimiento de la fiscal actuante, para culminar definitivamente la investigación que dejó al descubierto el masivo tráfico de pasta base, cocaína, marihuana y alcohol por policías que prestaban servicio en el establecimiento, según establece el auto de procesamiento, documento público al que tuvo acceso EL TELEGRAFO.
Según el documento, el agente S.A. desempeñó funciones como llavero desde dos años atrás hasta que fue procesado; G.P. lo hizo desde febrero de 2009 hasta el 1º de mayo del presente año y su hermano M.P. cumplió esa función durante poco más de un año.
Durante el tiempo que prestaron servicio, incurrieron –según señala textualmente el auto de procesamiento-- “en forma reiterada en actos contrarios a los deberes que les imponía su cargo”.
A cambio de dinero, les facilitaban y entregaban personalmente teléfonos celulares a algunos reclusos. Los hermanos G.P. y M.P. obtenían los aparatos fuera del recinto, de manos de los propios familiares de los presos, en tanto S.A. recibió incluso a su nombre un giro de $ 2.900 por Abitab remitido por un familiar de un recluso en pago por el ingreso de un teléfono celular.
Tráfico de todo tipo
Asimismo, los tres policías vendían a los reclusos alcohol que ingresaban dentro de los termos, a $ 150 pesos el litro; trozos de marihuana a $ 200 o $ 250, pasta base y cocaína a $ 400 o $ 500 --según la cantidad-- y medicación con efectos tranquilizantes a $ 10 la unidad o $ 100 el blister. También recibían dinero para facilitar el traslado de los reclusos a otros pabellones, así como cobraban, en cifras variables --de acuerdo al poder adquisitivo de cada preso- la realización de visitas conyugales en horarios y lugares no permitidos.
Los sindicados negaron los hechos que se les atribuyeron, a excepción de G.P., que admitió parcialmente algunos ellos, por lo que la semiplena prueba surgió de oficios policiales de la Dirección de Investigaciones, así como de declaraciones testimoniales y de denunciantes.
Además del procesamiento de los tres policías por reiterados delitos de cohecho calificado, la jueza Ramos accedió a la solicitud del Ministerio Público de recabar próximamente la declaración de dos oficiales y un cabo, el chofer de la cárcel; así como de transcribir las escuchas telefónicas autorizadas a efectos de ser verificadas y validadas en audiencia.