Opinion | 03 Jun La Universidad de la República ocupa actualmente el 601º lugar en el ranking internacional de las universidades, de acuerdo al estudio divulgado por la organización QS Quacquarelli Symonds, que mide la calidad de las universidades del mundo, teniendo en cuenta una serie de criterios estudiados junto con los docentes y funcionarios universitarios.
El punto es que de esta evaluación surge que sistemáticamente la universidad estatal ha ido cayendo en el ranking internacional, tanto mundial como en América Latina, lo que es un elemento a tener en cuenta cuando todavía por estos lares se hace una y otra vez caudal en la “excelencia” de nuestra Universidad.
Brasil domina el índice de las universidades de América Latina, y la de San Pablo ocupa el primer lugar, pero no existe ninguna universidad latinoamericana entre las 50 mejores en las áreas de ciencia y tecnología, lo que da la pauta de una brecha enorme respecto a los centros de educación terciaria del primer mundo, pero en el caso de Brasil, siguiendo el ejemplo de naciones asiáticas como China, está en marcha un plan gubernamental de enviar 100.000 estudiantes brasileños para prepararse en las mejores universidades del mundo y varios miles de ellos ya están en el exterior.
No debe perderse de vista que con el paso de los años, los datos estadísticos sobre egresados de la Universidad de la República revelan una realidad de nuestro sistema educativo terciario que indica que se va perdiendo calidad y que encima se está lejos de atender las reales necesidades del país en una serie de áreas que seguramente son estratégicas para el desarrollo, pese a que recientemente se han dado pasos bien intencionados en favor de la descentralización --aún muy incipiente-- y la búsqueda de carreras no tradicionales para atender determinadas necesidades.
Lamentablemente, hay todavía sectores conservadores enquistados en la propia institución estatal, con el apoyo de sectores de izquierda que rechazan toda “intervención” para seguir aplicando recetas que hace rato han sido descartadas en los países que avanzan.
Otro elemento a tener en cuenta es que se pretende hacer creer que por ser “gratuitas” las carreras terciarias están al alcance de todos, lo que es precisamente una de las grandes mentiras que se han repetido hasta el cansancio para justificar un estado de cosas que confirma en los hechos una universidad centralista y elitista, desde sus comienzos.
Pese a los avances positivos en algunas áreas en descentralización, prácticamente el 70 por ciento de los estudiantes universitarios proviene de hogares de mayores ingresos, y a la vez también en similar porcentaje de Montevideo, lo que arroja como conclusión que el promedio del estudiante universitario es ser montevideano y de hogares de ingresos medio altos y altos.
Estos estudiantes, que pueden perfectamente pagarse su carrera, en lugar de que se la financiemos todos los uruguayos pagando impuestos, utilizan la franquicia de no tener que hacerlo, al revés de como se hace en todo el mundo. Esto marca una sobredemanda en la matrícula en áreas en las que existe un estrecho mercado laboral y que no aportan nada positivo para un país que hace grandes esfuerzos para mantener una enseñanza gratuita en aras de una falsa igualdad, porque el estudiante de modestos ingresos del Interior no puede financiarse las estadías ni los gastos inherentes a una carrera universitaria, aún utilizando el actual Fondo de Solidaridad que establece el mecanismo de becas.
Así, no puede extrañar que en Uruguay se gradúa uno de cada 18 matriculados en la Universidad de la República, y por lo tanto nuestro país está lejos liderando negativamente este indicador en América Latina, y en la región hay una buena cantidad de países que tiene uno cada siete u ocho matriculados.
Mediante el cobro de matrícula se podría encarar seriamente el diagnóstico y consecuentes respuestas para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, para lo que es fundamental la evaluación objetiva de su funcionamiento. Por lo tanto habría que pensar primero en una especie de auditoría académica que el gobierno y la sociedad civil deberían llevar a cabo para este diagnóstico, de forma de empezar a hacer algo positivo para corregir los crecientes problemas de la enseñanza universitaria estatal que nos han seguido relegando en el concierto internacional.
Y tan importante como encarar este diagnóstico es hacerlo sin que la propia Universidad sea juez y parte en el análisis, como hasta ahora --aunque sí ha sido crítica y severa con las universidades privadas--, de forma de que realmente surja la objetividad necesaria y un análisis académico imparcial, sin condicionamientos, para empezar a hacer algo positivo por mejorar la educación terciaria en Uruguay.