Opinion | 06 Jun A partir de recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia que no fueron del agrado de sectores de izquierda, se ha generado una serie de reacciones promovidas por grupos radicales, con la complacencia y hasta el apoyo de algunos otros sectores de la fuerza de gobierno, del Pit Cnt y organizaciones de “derechos humanos” que apuntan a presionar y socavar el prestigio del máximo órgano de Justicia de Uruguay.
No es una estrategia nueva, ya que en todo el mundo y desde el fondo de los tiempos, sectores extremistas y los que tienen la venda de la ceguera ideológica no aceptan fallos que no sean en su propio beneficio, y apuntan a poner en tela de juicio la integridad de los magistrados que actúan en la aplicación de las leyes vigentes, incluso subrayando que están al servicio de la derecha y la oligarquía.
Lo que ha ocurrido en Uruguay no es una excepción, a partir del traslado de la jueza Mariana Mota a otra área de la Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad y posteriormente del Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR), fallos todos que grupos extremistas han considerado como contrarios a su ideología, sin entrar en meros “detalles” como que los jueces se limitan a analizar la ley, si la normativa se encuadra en las normas constitucionales vigentes y no al fondo de la ley en cuestión, porque de eso se trata.
Ocurre que a esta altura las presiones resultan ya intolerables y no se limitan solo a los sectores radicales, sino que estos planteos han permeado a otros estratos de la fuerza de gobierno y algunos miembros del Poder Ejecutivo, además de parlamentarios, manifiestan su malestar.
Estas presiones y cuestionamientos ya han sido determinantes para que el presidente de la Suprema Corte, doctor Jorge Rubial Pino, decidiera abstenerse de participar en decisiones relacionadas con los derechos humanos por este órgano, porque se siente “sospechado” en el fragor de la vocinglería de los grupos de izquierda que no reconocen más justicia que la que va con su modo de ver las cosas.
A este planteo interno se han sucedido también presiones del exterior, como la insólita visita de un alto funcionario regional de las Naciones Unidas, Albérico Incalcaterra, quien se reunió con jueces y fiscales y les transmitió su “preocupación” respecto a la Suprema Corte en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, lo que podría trabar el curso de las investigaciones en oposición a lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Tal intervención, como si estuviéramos ante una Justicia de una república bananera, dependiente del régimen dictatorial de turno, es intolerable, y pone de relieve hasta qué grado llega la radicalización de los grupos de izquierda que ejercen presión sobre los organismos internacionales, aunque ello signifique lesionar nuestra soberanía y determine que se pretenda que los dictámenes de la Corte Interamericana --antes cuestionada por los mismos grupos por entender que estaban al servicio de una OEA controlada por Estados Unidos-- son obligatorios y están incluso por encima de nuestra legislación.
Ello sería lisa y llanamente resignar al estado de derecho, pero aparentemente cuando está de por medio la ideología esto importa poco y nada si es que los fallos no son del agrado de quienes solo pretenden ver triunfar sus revanchismos a toda costa, aún de la imparcialidad de la Justicia. Ello explica la asonada de los radicales contra la sede de la Suprema Corte de Justicia cuando el traslado de la jueza Mota y el amague de juicio político contra los magistrados que tuvieron la “osadía” de adoptar decisiones dentro de sus competencias.
A ello le ha seguido la insólita actitud de varios fiscales --que son dependientes del Poder Ejecutivo-- de cuestionar en bloque a cuatro de los cinco magistrados de la Suprema Corte porque no comparten sus fallos, y la visita a dicho órgano que realizara el secretario de la Presidencia de la República, tres ministros y dos altos funcionarios, a raíz de los fallos sobre inconstitucionalidad.
Lamentablemente, por la sucesión de estos hechos graves se está convirtiendo en rutina la protesta y el cuestionamiento del Poder Judicial, pretendiendo torcer el brazo a los jueces por la vía de la presión y los eslóganes, como si los uruguayos fuéramos un rebaño de tontos a los que se puede imponer una forma de pensar por la vía de repetir mentiras y frases hechas como si fueran la verdad revelada, al mejor estilo de las tiranías de izquierda y derecha que tanto dolor han causado a la humanidad.