Opinion | 11 Jun Si bien existe una ley de protección integral para personas discapacitadas, que es de gran utilidad para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan hacer valer sus derechos en caso de reclamos, la realidad indica que estamos aún muy lejos de concreciones reales en esta materia en nuestras comunidades.
La posibilidad de circular por la ciudad y hacer uso de sus lugares públicos y sitios de interés recreativo y cultural debería ser posible para todos. No siempre lo es. Personas con discapacidades motrices o que deben usar sillas de ruedas, muletas o bastón muchas veces no pueden ingresar a espectáculos y hasta comercios por la falta de adecuación de la infraestructura. O no pueden usar un baño para clientes o ni siquiera circular por la vereda, quedando obligados por la fuerza de los hechos a exponerse a los riesgos que implica trasladarse por la calle.
A veces ocurren situaciones aún peores, como la que le tocó vivir a una ciudadana de Montevideo, discapacitada motriz de nacimiento, a quien el Centro Comunal Zonal Nº 2 la intimó a pagar una multa de 5 Unidades Reajustables ($ 3.262 al precio actual) y le ordenó retirar la rampa de material que había colocado para entrar y salir de su vivienda, al considerarla una obstrucción para la circulación de peatones.
Según publicó El Observador, en setiembre de 2012 se le notificó que la multa quedaba sin efecto y que el municipio se encargaría de realizar una nueva rampa, lo cual demoró nada más y nada menos que diez meses.
El 8% de los habitantes de nuestro país, unas 210.000 personas, son discapacitados y que, en la práctica, a pesar de la legislación existente, muchos de ellos se ven impedidos de salir de su casa e ir a estudiar, hacer un trámite, asistirse en determinados lugares de atención de la salud, escuchar una conferencia o ir a un espectáculo o un curso porque los edificios públicos ofrecen obstáculos de accesibilidad.
Por otra parte, de la misma forma que acontece en otras ciudades y países, debería ser obligatorio y fiscalizarse que en la construcción o reforma de nuevos edificios públicos y privados de uso público, se tengan en cuenta aspectos referidos a la accesibilidad de forma tal de no desaprovechar la oportunidad de comenzar a corregir situaciones que deberían ser diferentes en una sociedad que pretenda ser inclusiva.