Opinion | 11 Jun Hace casi un mes, por resolución del plenario del Frente Amplio, resumida en una declaración, la fuerza de gobierno acordó “aprobar en el plazo más breve posible un proyecto de ley que regule el mercado de marihuana donde el Estado uruguayo supervise la producción, comercialización y distribución del mismo con el objetivo de combatir al narcotráfico y evitar el ingreso al circuito de violencia y acceso a sustancias mucho más dañinas de sus consumidores y afirmar las políticas sanitarias que aseguran la prevención y reducción del daño”.
Es decir, que aunque con algunas modificaciones, solo el Frente Amplio se ha mostrado dispuesto a seguir adelante con una iniciativa, con los otros partidos políticos en contra, y además con una opinión pública decididamente adversa, según coinciden unánimemente las encuestas que se han realizado sobre el tema.
Pero en los sucesivos encuentros que se han desarrollado en procura de un acuerdo, han persistido las disidencias y aportes de algún diputado en el sentido de corregir algunas falencias del proyecto, hasta que en las últimas horas se anunció que se había logrado por fin el anhelado humo blanco.
Sin embargo, los propios diputados que han cuestionado algunos términos del proyecto han considerado que todavía hay puntos que no han sido contemplados, haciendo sobre todo hincapié en que la ley no pone suficiente énfasis en el aspecto educativo, es decir en ir llevando a las escuelas y liceos programas tendientes a desestimular el consumo, en lugar de centrarse en una legalización y regulación con el cultivo a cargo de privados.
Este es precisamente uno de los puntos más débiles de un proyecto que ha tenido idas y venidas y que sin embargo ha sido llevado adelante pese a que en su momento el presidente Mujica dijo que no lo promovería si la opinión pública estaba en contra, lo que naturalmente no ha cumplido cuando las encuestas dan que menos de un tercio de la población está de acuerdo con la legalización.
Este “como te digo una cosa te digo la otra” deja un amplio margen de duda respecto a los anuncios que se formulan en forma contundente e inequívoca por el mandatario, y en este caso la idea ha sido llevada adelante por con el impulso de grupos oficialistas en el Parlamento, aunque no haya un mayor convencimiento en el seno del gobierno de cuál es el mejor camino a recorrer.
El punto es que se ha mencionado desde el Poder Ejecutivo que el objetivo central es combatir al narcotráfico con el propio Estado participando en el comercio de la droga, y para ello se anuncian severos controles para hacer que la marihuana ilegal no circule en el mercado, pero al mismo tiempo se está operando involuntariamente como un agente difusor de atractivos para probar una droga con el mensaje de que es inocua.
Y en cuanto a los controles, aparentemente se vendería a través de las farmacias, a lo que se agregaría el autocultivo de hasta seis plantas por persona y la formación de clubes de consumidores de marihuana. Ahora, un Estado que no sirve para controlar más o menos bien nada de lo que está dentro de sus competencias, por ejemplo con un INAU que se ha mostrado incapaz de controlar la venta y consumo de alcohol por menores, entre otros aspectos de la problemática de la minoridad, ¿estará en condiciones de “inspeccionar” que cada consumidor no tenga más de seis plantitas en su jardín o fondo y que además todos los integrantes del club de cannabis efectivamente la consuman, para que no haya quienes no la consuman y la coloquen entre los adictos?
Por otra parte, no solo es que la opinión pública está en contra, sino que también buena parte de los especialistas consideran que hay más que perder que ganar con la legalización de la marihuana, porque los supuestos beneficios que se mencionan como fundamentación de la idea no han sido probados en ningún estudio académico y por el contrario, todo indica que los resultados serían inversos que los objetivos que se promueven. Y además, legalizar podría provocar que sea percibida como algo normal y que está bien el consumo de la droga supuestamente “blanda”. En fin, a través de las mayorías legislativas se podrá hacer pero no convencer, por lo que antes de probar para ver qué pasa sería bueno analizar en profundidad los riesgos de embarcarse en una aventura quizás demasiado riesgosa, y que de no resultar como supone el gobierno podríamos hipotecar aún más el futuro de nuestra juventud.