CUANDO DIOS METE LA COLA

Locales | 09 Jun (Por Horacio R. Brum). El feto no tenía cerebro; no había posibilidad alguna de que evolucionara hasta llegar ser a una criatura viable y sus funciones fisiológicas solamente se mantenían por la vinculación con el útero de la mujer que lo portaba. Ella, que ya tenía varios hijos, pidió el aborto y se lo negaron. Tuvo que pasar nueve meses de tortura psicológica, hasta que dio a luz a ese algo, que difícilmente se podía llamar un hijo y se convirtió en un cadáver apenas producido el parto. Una conocida periodista de televisión tenía 14 semanas de embarazo cuando los médicos le informaron que una enfermedad incompatible con la vida iba a provocar la muerte del feto dentro de ella. No obstante, la obligaron a estar cinco semanas más con él en su vientre, hasta que se produjo el aborto natural.
No son historias de horror ficticias, son algunos de los miles de casos reales de las mujeres de Chile, un país donde la desmesurada influencia de los sectores religiosos conservadores, una suerte de chantaje moral de la iglesia católica, y la existencia de partidos políticos como la Democracia Cristiana, en los que suele pesar más su origen confesional que su orientación democrática, mantienen la prohibición absoluta del aborto, impuesta en las postrimerías de la dictadura de Pinochet.
Entre 1931 y 1989 existió la figura del aborto terapéutico en el Código Sanitario chileno, pero tras la derrota sufrida en el plebiscito de 1988, con el que se intentó legalizar la permanencia en el poder de Augusto Pinochet durante varios años más, los ideólogos civiles del régimen, muy vinculados a la organización conservadora católica Opus Dei, se propusieron dejar todo “atado y bien atado” para prevenir un destape moral a la española. Así consiguieron que, unos meses antes de la vuelta a la democracia, se eliminara el aborto terapéutico y se criminalizara a las mujeres que abortan. Según las encuestas, más del 60% de la población está a favor del aborto por razones médicas o por violación y desde 1994 se han presentado en el Parlamento diez proyectos de ley para cambiar la situación, pero una alianza tácita de conservadores, que atraviesa el espectro político desde la oposición hasta el oficialismo, se encarga de hacerlos fracasar. Por otra parte, las organizaciones que se autodenominan “pro vida” realizan verdaderas cazas de brujas y ofensivas judiciales contra todo tipo de iniciativa para permitir el aborto, así como contra cualquier método anticonceptivo que, en su opinión, tenga efectos similares.
Por su condición de procedimiento clandestino, sólo existen estimaciones acerca de los abortos que se realizan en Chile, con cifras que oscilan entre 120.000 a 160.000 al año, y alrededor de 30.000 mujeres son hospitalizadas por complicaciones derivadas del aborto inseguro.
En estos días la polémica gira en torno al reglamento que promulgó el ministerio de salud para la entrega del anticonceptivo de emergencia Levonorgestrel, cuya distribución se autorizó en 2006 pero fue obstaculizada de todas las formas posibles por los “pro vida” e incluso por las autoridades sanitarias de los distritos municipales controlados por alcaldes afines al conservadurismo católico. El nuevo reglamento del ministerio establece que nadie en el sistema sanitario público puede esgrimir la objeción de conciencia para no entregar la que se conoce como “píldora del día después”, y permite que las mujeres menores de edad puedan recibirla en forma confidencial, si así lo solicitan. Escudadas en el derecho de los padres a saber qué hacen sus hijos, las agrupaciones “pro vida” están preparando nuevas demandas judiciales y algunos alcaldes ya buscan resquicios para quebrar la confidencialidad, como informar a los padres después de la entrega de la píldora u obligar a la menor a que la solicite en compañía de un adulto.
La iglesia católica, por su lado, reitera en público sus mensajes contra el aborto, mientras tras bambalinas trabaja activamente con los políticos, en especial con los de la Concertación que seguramente volverá al poder encabezada por Michelle Bachelet. Los partidos de izquierda de esa coalición tienen todavía muy presente la enérgica defensa de los derechos humanos que hizo la Iglesia durante el régimen militar y la Democracia Cristiana es el sector mayoritario en la alianza, con operadores políticos de reconocida habilidad e intransigentes en su catolicismo. Según Verónica Schiappacasse, una especialista en obstetricia y salud pública, durante el anterior gobierno de Bachelet “la Democracia Cristiana dijo que si no se bajaba el proyecto (del aborto terapéutico), ellos se iban de la Concertación”.
“Todavía estamos peleando para que se cumpla la ley de educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos; si aún no logramos esto, dudo que tengamos posibilidades de acceder a la alternativa del aborto terapéutico”.