Opinion | 14 Jun Es evidente que los proyectos de reconversión de la matriz energética que más interesados han aportado a nuestro país están enfocados hasta ahora en el área de la energía eólica, y hacia este objetivo han convergido las políticas desarrolladas por el gobierno, que han incluido exoneraciones para que las empresas puedan operar con sensibles ventajas en nuestra plaza.
Lo que es positivo, por cierto, por cuanto conlleva una rectificación de rumbos respecto a las políticas impulsadas anteriormente, incluso durante la administración Vázquez, en las que faltó coordinación con UTE para fomentar la generación en base a energías renovables. Como consecuencia de esto, el ente estatal impuso valores bajos al megavatio “verde” y desestimuló así varios proyectos, sobre todo en el área de la generación por biomasa.
Actualmente la empresa pública ha reorientado sus políticas en consonancia con los planes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y en gran medida se ha logrado cumplir con etapas que se habían previsto para que nos encontremos en el año 2015 con un amplio parque generador en base a energía eólica, ante las dificultades en satisfacer la demanda con las fuentes tradicionales, incluyendo a la hidráulica, sometida a problemas de sequías recurrentes que se dan con relativa frecuencia en nuestro medio. En el caso de la eólica, estudios recientes indican que se está en cifras record de planes de inversión que en abril recibieron el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas para ser beneficiados con exoneraciones tributarias, según da cuenta el semanario Búsqueda.
Claro, el punto es que los molinos de viento resultan de instalación costosa, más allá de la rentabilidad del proyecto, y ello explica en buena medida los montos que se requieren para materializar los respectivos proyectos.
La Unidad de Apoyo al sector privado del Ministerio de Economía dio cuenta que en abril la Comisión de Aplicación (Comap) de la Ley de Promoción de Inversiones aprobó 72 emprendimientos que involucran una cifra mensual sin precedentes de más de 720 millones de dólares, lo que supera abiertamente la suma que se volcó en los meses de enero, febrero y marzo.
Además de la exoneración de tributos que buscan las empresas al amparo de la ley de promoción de inversiones, algunos de estos emprendimientos intentan financiarse con préstamos a tasas preferenciales del Banco de la República, lo que ha engrosado los resultados de la licitación de créditos que una vez al año efectúa esta entidad y cuya última edición cerró el último día de mayo.
Así, fueron presentados unos 80 créditos que en conjunto suman 372 millones de dólares, a lo que se agregan inversiones asociadas que hacen trepar la cifra a más de 900 millones de dólares, y en el caso de la energía, comprenden nueve proyectos de parques eólicos y dos de biomasa, que suman más de cien millones de dólares.
La promoción de inversiones es un instrumento que se practica en todos los países, en la modalidad que sea, pero naturalmente adquiere importancia preponderante cuando se pone énfasis en áreas estratégicas y en captar proyectos que generen la mayor cantidad posible de empleo y valor agregado.
En este caso es doblemente positivo que se capte inversión en un área como la energía, pero sobre todo en la incorporación de fuentes renovables a la matriz energética, porque significa reciclar recursos dentro del país en lugar de gastar divisas en combustibles fósiles importados.
Por lo tanto, cuando existe un contexto internacional ya problemático, con avatares y tendencias que no se han podido consolidar, es bueno que se mantengan las inversiones de riesgo en el Uruguay, porque pese a nuestros problemas en el primer mundo hay dinero que busca financiar emprendimientos redituables, y sin dudas que la generación eólica, entre otras posibilidades, es un filón que nuestro país no debe dejar pasar. Por lo menos es algo positivo que se está haciendo para aprovechar la oportunidad.