Nacionales | 10 Jun Con una mirada crítica hacia el Plan Juntos, la Comisión de Programa del Frente Amplio analiza revisar el funcionamiento de esta política de vivienda de cara al próximo período de gobierno. El Plan Juntos iba a ser el “buque insignia” del gobierno del presidente José Mujica. Sin embargo a tres años de su implementación en la coalición de izquierda hay dudas respecto a su eficacia, indicaron a El País integrantes de la Comisión de Programa.
El tema viene siendo analizado en el marco de la discusión programática, donde existe un cuestionamiento general de los sectores que integran la coalición a la política de vivienda del Plan Juntos. Fuentes del Frente Amplio dijeron que el Movimiento de Participación Popular fue el encargado de defender la implementación de este plan sin ningún tipo de modificación en el próximo período, sin embargo otros sectores plantean algunos cambios.
Las críticas que surgieron apuntan desde un “mal diseño” a una “mala ejecución” del plan, ya que se entiende que el mismo funciona en base al voluntarismo y no responde a una política nacional organizada y dotada de un monto adecuado de recursos presupuestales como para asegurar su éxito. El propio presidente José Mujica reconoció semanas atrás las dificultades para la implementación del Plan Juntos y señaló que “se hace lo que puede, estirando los recursos”.
Hasta el momento, el plan de Mujica llegó a 2.000 familias en todo el país, un número muy inferior al que se publicitaba al inicio del mandato. En junio de 2010 el gobierno decretó la emergencia habitacional y el entonces secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, había dicho a El País que serían 50.000 las personas destinatarias de la “primera etapa” del Plan Juntos. Más adelante se determinó que eran cerca de 15.000 los hogares potencialmente participantes del plan, según consta en la memoria anual que elaboró Presidencia de la República como balance del año pasado.
Aunque comenzó tímidamente y con poco presupuesto, hoy el Plan Juntos tiene una estructura montada. El año pasado tuvo un presupuesto de U$S 5 millones, votado por el Parlamento, y este año se duplicó a U$S 10 millones. Tiene oficinas en la Torre Ejecutiva y en la Ciudad Vieja y cuenta con casi 100 funcionarios que integran el equipo interdisciplinario del plan, algunos de los cuales son arquitectos, asistentes sociales y capataces. Además, el plan tiene contratados cerca de 260 obreros de la construcción que apoyan a los vecinos en los 29 puntos donde se instrumenta la construcción de este tipo de viviendas en todo el país.
MSP Y ASSE EN
EL PARLAMENTO
El Ministerio de Salud Pública (MSP) y ASSE deberán comparecer ante el Parlamento por las muertes ocurridas en centros asistenciales.
El senador colorado Alfredo Solari reclama que las autoridades “rindan cuentas y se hagan responsables” por las fallas en la atención, que desembocaron en los fatales desenlaces por “incompetencia” y “encubrimiento”, según el legislador.
El informe que se elevó a consideración de las autoridades de Salud Pública indica que, en el caso del Hospital de Paso de los Toros, donde un mujer embarazada a término perdió su bebé, no hubo demoras en la llegada del anestesista y tampoco se configuró omisión de asistencia. Solari señaló que en el caso hay un claro “ocultamiento”, que contribuye a aumentar la desconfianza en el sistema de salud público, teniendo en cuenta que este no es el primer caso de un muerte evitable en los últimos tiempos.
El senador dijo que “parece mentira tener que pedirle al gobierno algo tan básico como que no haya más muertes evitables de niños y de madres de familias humildes en los hospitales públicos”.
Solari indicó a radio El Espectador que en este caso es claro que no se cumplió el protocolo de atención médica. “Si uno revisa el protocolo de atención de las embarazadas hay un capítulo que habla de situaciones especiales y en ese capítulo hay una sección en particular de los embarazos que duran 42 semanas y ninguna de las cosas que está indicada ahí se cumplió ni en la semana previa ni durante la atención de esta mujer que estaba en trabajo de parto”, expresó.
ABOGADOS APOYAN
REGULAR MARIHUANA
En el marco de una actividad en la Facultad de Derecho, organizada por la agrupación Regulación Responsable, profesionales y referentes del área jurídica en Uruguay se mostraron a favor de la regulación del mercado de la marihuana para contribuir al debate público. El comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, hizo énfasis en dos fenómenos que sufre el sistema carcelario en Uruguay en la actualidad: por un lado, el aumento de la población carcelaria, y por el otro, el consumo masivo de diferentes tipos de drogas. Garcé propuso regular el acceso a marihuana dentro del sistema carcelario y construir las condiciones sanitarias para regular su uso en forma responsable. Además, dijo que se deben construir áreas dentro de los establecimientos para tratamientos de consumos problemáticos. Diego Silva, integrante del equipo redactor del informe “El Problema de las Drogas en las Américas” presentado en la Asamblea General de la OEA, dijo que el documento coincidió en la necesidad de introducir cambios en las políticas de drogas en Latinoamérica. Entre los cuatro escenarios a futuro que se plantean, el más ambicioso coincide en gran parte con el proyecto que está en discusión en Uruguay. Leonardo Costa, ex prosecretario de Presidencia y ex presidente de la Junta Nacional de Drogas, resaltó que el discurso moral ha funcionado hasta ahora basado en el miedo que generó el aumento de los consumos de drogas. Esto redundó en una fuerte inversión en represión y poca inversión en la reducción de la demanda y en tratamientos de consumos problemáticos. Costa llamó a abandonar la hipocresía con que se viene entendiendo el problema y saludó el éxito que tuvo la regulación del tabaco, lo cual da un pie para ensayar con la regulación de la marihuana.