Opinion | 16 Jun Tras desnudar dos visiones económicas en el timón del Ministerio de Economía, donde el recientemente designado subsecretario, Alejandro Antonelli, señaló que en Uruguay “hay margen para gravar más”, al tiempo que el titular de la cartera, Fernando Lorenzo, aseguró que “estas no son circunstancias para hablar especialmente de aumento de impuestos”, se suman ahora otras dos visiones al frente de la política exterior.
El vicepresidente Danilo Astori se manifestó a favor de integrar a Uruguay como miembro pleno de la Alianza del Pacífico luego de participar en la última cumbre efectuada en Colombia, en tanto, el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, confirmó que nuestro país se mantendrá como observador y agregó que “están equivocados” aquellos que sostienen que el bloque es una plataforma para tratados de libre comercio. Recordemos incluso, que el embajador itinerante Kintto Lucas había expresado una opinión similar al Canciller. Por esas declaraciones, Almagro dijo que Lucas “será observado”.
Las divisiones internas se trasladaron a la central de trabajadores, donde se habían anunciado una serie de movilizaciones con paros parciales y una paralización de 24 horas, establecida para el 25 de junio. De hecho, el presidente de COFE, Pablo Cabrera, estuvo en Paysandú el viernes de mañana participando de una actividad organizada por la Confederación en las puertas del Hospital Escuela del Litoral y anunció con seguridad la concreción de la medida.
Sin embargo, en la noche del viernes, la Mesa Representativa del Pit Cnt, no aceptó la realización de un nuevo paro que pedían los estatales y por un voto, triunfó la línea cercana al ministro Fernando Lorenzo, sin mencionar las “abstenciones”. A esto se suman las diferentes posiciones existentes en torno a la aplicación de políticas sociales. En conferencia de prensa, el directorio del BPS anunció la suspensión de más de 32 mil asignaciones familiares, al constatar que las familias beneficiarias no cumplían con la contrapartida de enviar a sus hijos a los centros educativos. Esta decisión no es compartida por los ministros de Trabajo, Eduardo Brenta, y de Desarrollo Social, Daniel Olesker, que pidieron una “segunda oportunidad” para los beneficiarios. Como Murro no dio marcha atrás en su decisión de instrumentar la medida a partir del 1º de julio, debió intervenir el presidente José Mujica para que el titular del directorio del BPS otorgue un plazo de 30 días y corregir “posibles errores” del organismo en la confección de la lista. La intermediación presidencial desnuda otra realidad: no hay lugar para reintegrar a más de 32 mil niños y adolescentes en la enseñanza.
O incluso la interna del Consejo de Ministros, donde Olesker y Lorenzo han mantenido serias discrepancias en cuanto al destino de recursos económicos para los planes de la cartera social. En democracia es posible discrepar y continuar trabajando, no obstante, hay una delgada línea roja que avisa cuando atravesamos hacia el terreno de las divisiones internas. Y una más delgada aún, cuando demuestra que esas discrepancias salen hacia afuera y terminan dirimiéndose en la prensa. Ese lugar al que después acusan de tergiversar, lo que desde dentro se escucha a gritos.