Comienza la definición en el senado

Locales | 16 Jun “Hay minerales bajo la tierra, tienen un valor y se pueden extraer. Pero hay que planificarlo para que sea un beneficio para todos y en el largo plazo”, dijo a EL TELEGRAFO Raúl Viñas, un meteorólogo que se dedicó a analizar la megaminería y el posterior proyecto de ley. Ha sido uno de los consultores de las comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores que analizan el proyecto de ley y se mostró desconforme con varios artículos.
Viñas recordó que “este miércoles se empieza a tratar la ley artículo por artículo. Las propuestas que tienen hoy los senadores para trabajar son el proyecto que vino de Diputados, lo que les dejó la Cámara Minera, lo que informó Aratirí S.A., lo que les dejaron los dueños de las superficies, una propuesta del ingeniero Julio Bartol sobre industrialización y lo que les informé yo. Cada senador podrá tener sus asesores, pero en la Comisión los documentos que quedaron fueron los nuestros”.
Sin seguridad de renta
Viñas afirmó que “no se consideran aspectos alcanzados en el acuerdo multipartidario para la ley, como el que establecía pautas para el desarrollo a largo plazo de la megaminería. La empresa decide cuánto y cuándo se lo lleva, y nosotros solo vemos que cumpla con ciertas normas sin tener en cuenta que nos quedamos sin el recurso. La única parte que el proyecto habla hacia el futuro, la solidaridad intergeneracional, es la formación de un fondo al cual va a ir el 70% de lo que reciba el Estado, y está bien”.
“Pero ese fondo sería lo único que queda a largo plazo y está vinculado a la rentabilidad de la empresa, porque los ingresos que va a recibir el Estado son por un lado el canon del 5% del cual le queda el 3%, el IRAE que es el 25% de la renta como paga cualquier empresa, y el adicional del IRAE que en ciertas condiciones y deduciendo lo que se pagó de canon, complementaría esto en la suposición que van a tener una gran renta”.
Sin embargo, Viñas sostiene que “la experiencia internacional es otra. En Australia se planteó un fondo similar que tenía previsto recibir dos mil millones de dólares, pero recibió solamente 120 millones. En Chile hay un fondo similar, pero la única empresa que provee los fondos es Codelco, propiedad del Estado chileno. Las empresas privadas, a pesar del precio récord del cobre, no tienen rentabilidad y siguen trabajando a pérdida o con una muy pequeña renta y no aportan al fondo, aunque la del Estado sí tiene rentabilidad. Es realmente llamativo”.
industrialización
La propuesta del ingeniero Julio Bartol sobre industrialización del hierro es en base a una mezcla del mineral con carbón de leña, creando lo que se denomina arrabio. Viñas dijo que “cuando la empresa minera Aratirí hace su presentación y le consultan sobre eso dice que los 18 millones de toneladas que se van a llevar no podrían ser industrializados”.
“Y eso es cierto porque no hay tantos árboles. Pero si se hace una extracción como la que la propia minera Zamin Ferrous propone en Brasil, se podría hacer la industrialización completa de todo el mineral y --como dice Bartol-- obtener un valor de exportación igual pero extrayendo cinco veces menos. La ganancia final para el Estado sería la misma pero con una extracción menor, y en lugar de ser 12 años duraría 60, además de que habría más mano de obra especializada y a partir de ese mineral trabajado, industrializado, poder hacer otras cosas”.
Por un tubo
“Pero hoy la propuesta que tenemos escrita es que se van a llevar todo picado y por un tubo”, dijo el entrevistado. “Y lo subyacente es que si se considera el pellet un proceso industrial, lo que saquen por un tubo hecho polvo lo mezclan con un poco de arcilla, se hacen pelotitas y van a tener exoneraciones impositivas por eso. Pero en ningún lugar del mundo se considera que la producción de pellets sea un proceso industrial. En Brasil hay empresas que exportan, según el cliente, el mineral de hierro en forma de rocas, en forma de polvo o en pellets. Y siempre es lo mismo, es mineral de hierro y no hay ninguna parte que sea un proceso industrial, es parte del proceso de la actividad minera”.
El artículo 8 del proyecto define lo que son las actividades mineras y conexas, expresando que “no se considerarán actividades mineras o conexas la producción de pellets, la explotación de altos hornos, la producción de arrabio…”.
Hasta Dos años impagos
En otro de los puntos donde hay diferencias es que “la ley le da la posibilidad a la empresa mega minera de no pagar el canon durante dos años consecutivos”.
“El artículo 32 pone como causal de rescisión del contrato el no pago del canon por dos años, y el pago se hace semestralmente, dentro de los 20 días hábiles posteriores al vencimiento, según dice el código minero. Pero por esta ley, la empresa puede no pagar durante casi dos años, y a último momento hacer un pago parcial y al cortar la continuidad del no pago por dos años, continúa trabajando”.
“Y hablamos que el canon es la base de los ingresos que puede recibir el Estado, porque los demás ingresos dependen de la rentabilidad que obtenga la minera. Y se le da la potestad de no pagar por dos años. Del 5% del canon de lo facturado, un 3% va al Estado y un 2% a los dueños de la superficie afectada, que no recibirían nada durante ese lapso”.
Consultado sobre qué argumentos tienen los legisladores para mantener ese artículo, Viñas afirmó que “no escuché ningún argumento, y cuando estuve en la comisión les presenté la propuesta que fuera causal de rescindir el contrato el no pago de acuerdo a lo que marca el código minero, a los seis meses”.
Obras pagas por el estado
En este proyecto de ley, “el Estado se compromete a la realización de obras, así vagamente. No se establece cuáles. Y si la obra que se necesita hacer es solamente para que funcione el minero, la tendría que hacer el minero, y si la obra fuera por ejemplo una electrificación en la zona rural que le puede servir a los vecinos, ahí sí el Estado puede participar de la obra. Pero lo que se le está dando a los mega mineros hoy no lo tiene nadie”.
Puso como ejemplo que “quien pone un parque eólico como están instalándose en todo el país, la línea eléctrica que lleva la producción desde el parque eólico hasta la central de UTE la tiene que hacer el interesado. Pero acá se le dice al megaminero que el Estado se compromete a hacerle obras, y no sabemos qué obras pueden ser, como que una ruta nacional debe ser desviada porque está en zona minera. Y ese desvío, ¿quién lo tiene que hacer: el Estado?”
Otro de los problemas a juicio de Raúl Viñas es que el proyecto de ley establece que la empresa minera, si tiene diferencias con el Estado por cifras superiores a los 10 millones de dólares, podrá solicitar que se traten en el exterior. Y eso va en contra de nuestro código minero, que dice que si hay diferencias se solucionan en jurisdicción de Uruguay”.