Paysandú, Jueves 27 de Junio de 2013

Que sea el fin de la controversia

Opinion | 23 Jun Tras la recolección de firmas promovida por un grupo de ciudadanos contrarios a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ha quedado habilitada la convocatoria en primera instancia a una consulta popular que tendrá lugar hoy para confirmar si se realizará o no un referéndum sobre el tema en octubre. Para alcanzar ese objetivo, es necesario que concurra a votar el 25 por ciento de los habilitados por la Corte Electoral que concurra a votar, es decir poco más de 625.000 sufragantes, en una instancia que no es obligatoria para la ciudadanía.
La población por lo tanto ha sido convocada para que emita su voto si cree pertinente que se plebiscite una ley que todos entienden abarca un tema muy controvertido. Tanto es así que si bien en las cámaras ha contado solo con los votos del oficialismo, divide transversalmente a la sociedad por encima de partidos o ideologías.
Como establece la norma constitucional, hoy la ciudadanía es llamada a votar si es su voluntad que el tema sea puesto a consideración en un plebiscito, en consulta que no será obligatoria, como sí lo será el referéndum, en caso de llegarse a esta instancia.
Si bien la Ley de Salud Sexual y Reproductiva comprende un amplio abanico de situaciones en torno a esta problemática, la polémica se ha situado específicamente en la despenalización del aborto en determinadas circunstancias.
Ahora ese aspecto ha quedado a dilucidación del soberano, a través de la expresión popular reflejada en las urnas. Ante una problemática tan delicada y controvertida, lo ideal sería que se generara un amplio debate con todos los elementos en juego arriba de la mesa, para que el ciudadano pueda pronunciarse a conciencia.
Pero si bien, como señalamos en su momento desde esta página editorial, la forma de dejar zanjado el tema es a través de la expresión del soberano en las urnas, debe tenerse presente que también esta instancia consultiva de hoy ya es de por sí una forma inequívoca de expresión del ciudadano, que ha sido convocado en forma voluntaria sobre si quiere expresarse o no sobre la ley en referéndum dentro de los 120 días siguientes a este domingo.
Por lo tanto, si no alcanzan los votos, estaremos igualmente ante una decisión inapelable del pueblo uruguayo, con el mensaje implícito, a nuestro entender, de que está de acuerdo con la norma que ha sido aprobada, o que no le interesa, entre otras posibilidades.
Es que esta es precisamente la esencia de la consulta y de la democracia representativa, aun teniendo en cuenta el hecho de que el tema esté por encima de los partidos y sea precisamente un asunto de conciencia de cada uno.
Como hemos señalado en más de una oportunidad en esta página editorial, la verdad no es patrimonio de ninguno de quienes se alinearon en las respectivas posiciones, desde que estamos ante una problemática muy compleja, que sacude a la sociedad y por ende a los propios partidos, pese a que en el Parlamento haya posiciones casi monolíticas desde el punto de vista de las bancadas partidarias convocadas a pronunciarse sobre la iniciativa.
Es que por más vueltas que se le dé, la esencia del asunto, es precisamente el embarazo no deseado, que es hacia donde se deben apuntar las acciones mediante una sistemática concientización y educación en valores de los jóvenes, sobre todo de los adolescentes, que es la población que mayormente sufre las consecuencias de estos “errores”.
El problema es qué se hace una vez consumado el hecho, y es ahí donde las opiniones se dividen, cada uno con sus convicciones éticas, morales, religiosas o simplemente humanas.
Por lo tanto, en un tema en el que están de por medio posturas tan comprometidas, un pronunciamiento popular –que incluye el deseo de la ciudadanía de ir o no a referéndum-- es lo mejor que podía pasar para sacar la decisión final de manos de un presidente o del Parlamento, poniendo punto final desde el punto de vista legal a una controversia de tantos años.
Lo que sí corresponde es respetar luego la decisión soberana, y no terminar como con la “Ley de Caducidad” que aun cuando fue plebiscitada dos veces, quienes se oponen a su espíritu y letra siguen buscando cualquier artilugio legal para pasar por arriba la decisión del pueblo.


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