Opinion | 26 Jun Paro va, paro viene, los gremios de la enseñanza parecen decididos a llevar hasta las últimas consecuencias su reclamo de aumento salarial ante la inminencia del cierre del período para incorporar gastos a la última Rendición de Cuentas del mandato del presidente José Mujica, al mismo tiempo que las posiciones se van radicalizando ante la respuesta hasta ahora negativa del gobierno respecto a sus planteos.
Este tira y afloje suele darse en cada rendición de cuentas, pero en este caso ha adquirido especial virulencia porque los dirigentes que dominan los sindicatos del sector se están jugando además un partido aparte dentro de la misma izquierda, y se pretende hacer pagar costos políticos a quienes de alguna forma están a la vez en la misa y en la procesión, es decir los que ocupan cargos de gobierno y son a la vez sindicalistas.
Los reclamos son claros y de nada valen los eufemismos: lo que los gremios quieren es un aumento salarial adicional. Como tal lo han planteado y este reclamo nada tiene que ver con mejoras en el sistema educativo, por lo que los gastos adicionales que se pretenden serán volcados a salarios pero no a la enseñanza. Es decir que de nada vale entreverar los tantos para tratar de quedar mejor parados ante la opinión pública en el sentido de que se está defendiendo la calidad de la enseñanza y a los alumnos.
Lo que sí corresponde poner en tela de juicio es la metodología repetida de los paros, que van en perjuicio directo de los estudiantes, ya de por sí con serios problemas de escolaridad, como regla general, de falta de estímulos y deserción creciente, además de egresados con menor nivel de formación y capacitación. Lamentablemente, ante la negativa del gobierno, la dirigencia ha vuelto a las viejas prácticas de alargar las asambleas para que los más militantes hagan valer sus mociones con apenas un puñado de votos. No extraña entonces que se llegue a una radicalización manifiesta, con escraches y ocupaciones de centros educativos, marchas con insultos hacia los jerarcas de gobierno y declaraciones virulentas descalificatorias a los que pretenden dar argumentos para explicar que no se cuenta con más recursos para atender los reclamos.
El punto es que las viejas prácticas de los grupos que han dominado los sindicatos han quedado claramente expuestas , pero esta vez para “sorpresa” de sus propios excompañeros de ruta, como es el caso de la desafiliación por el gremio docente del actual subsecretario de Educación y Cultura, Oscar Gómez, quien naturalmente al tener responsabilidades de gobierno está en una posición incómoda ante los sindicalistas, que lo hacen responsable de la negativa del Poder Ejecutivo para atender su reclamo salarial. En realidad el gremio de maestros expulsó a cinco sindicalistas que hoy son funcionarios de gobierno, pero a Gómez le ha chocado esta postura y dijo que le recordó la actitud que adoptan regímenes totalitarios. “Recibí con sorpresa la noticia en tanto en cualquier sociedad quienes están juzgados por su conducta tienen derecho a hacer sus descargos. En este caso pareció un juicio sumario, como los que hacían los regímenes totalitarios”, declaró Gómez a El País. Lo que realmente extraña es que el subsecretario manifiesta sorpresa por esta actitud, porque es la postura que se ha adoptado por los sindicatos “duros” desde que se tiene memoria.
En este caso, los grandes perjudicados son los alumnos y el país, ante gremios que hacen valer la militancia y la dureza de sus planteos como mérito, y resuelven medidas de este tipo por menos de cien votos cuando hay más de 8.000 docentes que dan clases en los liceos de Montevideo y el sindicato tiene más de 3.000 afiliados.
El viejo recurso de que el fin justifica los medios se ha replanteado como nunca en este operativo de presión ante el gobierno de turno, al que además se le puede aplicar perfectamente el dicho de que “la máquina mató al inventor”, porque durante largos años las fuerzas de izquierda que integran la coalición gobernante desarrollaron la estrategia de acumulación de fuerzas para llegar al poder acompañando acciones de este tipo contra los partidos tradicionales, para hacerles pagar costos políticos. En este caso, evidentemente el gobierno ha adoptado una actitud prudente, al punto que en el último Consejo de Ministros se analizó el tema y se dio a conocer un comunicado que señala que la contrapropuesta gubernamental de aumentar el 3 por ciento se basa en las “restricciones fiscales muy fuertes, ante el panorama mundial y regional”, y “la obligación de garantizar lo logrado socialmente”, además de no estar dispuesto a “jugar con la inflación ni con déficit imposibles. Asegurar la estabilidad laboral de todos los trabajadores es lo prioritario”. El problema es que durante muchos años se dijo a estos mismos grupos y a los sindicatos en general que sí se podía dar aumento y que siempre hay espacio para más, aún cuando el país se desangraba en plena crisis de 2002 –incluso el dirigente comunista Juan Castillo encabezó una marcha multitudinaria a Punta del Este en plena temporada para torcerle el brazo al gobierno en su momento, sin importarle el daño que le causaba al turismo y al país--.
Pero la cultura de gobierno enseña muchas cosas, por ejemplo que no se pueden sacar recursos de la nada sin endeudarse para dar lo que no se tiene, porque a la corta o a la larga todos vamos a pagar muy caro esta generosidad artificial. Bienvenida sea entonces esta ponderación respecto a la realidad del país, porque caminar por la cornisa es poco recomendable. Pero todavía no está nada definido, y habrá que ver hasta donde está dispuesto a ir el gobierno.