Rurales | 26 Jun La maestra Silvia Nobelasco, directora de la Escuela 30 de Rolón, departamento de Río Negro, afectada por la aplicación de agroquímicos el 11 de abril de 2012 en un campo ubicado al lado del centro educativo, logró que la Justicia homologara un resarcimiento económico. La docente vio perjudicada su salud por el accionar de un “mosquito” --máquina fumigadora que trabajaba en un campo lindero--, y no respetó los límites establecidos. La empresa la resarcirá con U$S 4.000.
En esa instancia, el intendente de Río Negro, doctor Omar Lafluf, había manifestado que “es un tema muy complicado, pero que está regulado. Esto es grave y seguramente será multada la empresa que fue identificada”.
Por su parte, el ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni, director general de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), informó en su momento que se notificó a la empresa que no cumplió con la normativa vigente sobre las distancias de aplicación, tanto en los centros poblados como en escuelas rurales, recordando que la zona de exclusión se extiende entre 300 y 500 metros a la redonda. Al verse afectada, la maestra debió higienizarse con abundante agua para quitarse los químicos del cuerpo. Igualmente sufrió dolor de cabeza y picazón generalizada. Desde el Centro de Toxicología en Montevideo le recomendaron trasladarse a un centro asistencial. Por el efecto de los productos empleados en el cultivo de soja, la docente estuvo certificada varios días y resolvió llevar su caso a la Justicia en un reclamo por daños y perjuicios.
Antecedente
La empresa Agronegocios del Plata (ADP) terminó acordando con la maestra, “lo que sienta jurisprudencia porque un arreglo supone la admisión del daño”, indicó el fiscal Enrique Viana, quien paralelamente inició en Montevideo ante la Justicia Civil “actuaciones sobre este episodio y otros similares que se han venido registrando”.
“La fiscalía apuntaba a tener respuestas de la administración para luego reclamar mecanismos preventivos de forma de evitar nuevas situaciones. Cuando fracasa de alguna manera la actividad preventiva que le corresponde esencialmente al Estado, no queda más remedio para los ciudadanos que reclamar ante los daños”, sostuvo el fiscal ambiental, como se lo conoce a Viana, según informa El País.
Viana manifestó que el caso de la maestra de Río Negro “tiene una significación importante porque el hecho de haber una sanción, por más que haya sido por un acuerdo homologado, no quita que la empresa haya tenido que sacar dinero de su bolsillo porque había ocasionado un perjuicio a un ciudadano”.
Agregó que “esto tiene su importancia porque va a abrir los ojos a muchos que piensan que en este país hay una suerte de libertad de hacer cualquier cosa y libertad de dañar a cualquiera”.
La maestra directora de la Escuela 30, ubicada entre Sarandí de Navarro y Grecco, fue afectada por la aplicación de groquímicos en abril de 2012 y 20 días después hubo un caso similar también en un área rural de Río Negro. El hecho ocurrió en la Escuela 37 de Santa Isabel, ubicada en Ruta 3 a unos diez kilómetros al sur de Young.
Fumigaron a 100 metros de la escuela en horas del mediodía, transgrediendo la ordenanza que prohíbe efectuar esa tarea entre 300 y 500 metros del edificio. La maestra interina Marcela Ríos sufrió una crisis asmática y síntomas de intoxicación al entrar en contacto con un agroquímico utilizado en los cultivos de la zona y se vio obligada a recurrir a un médico.