Opinion | 29 Jun La ilegítima medida de suspensión de Paraguay del Mercosur, adoptada en su momento por los presidentes de Uruguay, Argentina y Brasil, en represalia por la destitución del expresidente Fernando Lugo, amenaza también con ser obstáculo para que se reintegre la nación guaraní al acuerdo regional, desde que como elemento adicional a la incorporación de Venezuela –algo que Paraguay no aceptaba--, la presidencia pro tempore del Mercosur corresponderá a este último país a partir de julio. Y paradójicamente, en agosto sería levantada la sanción a Paraguay.
En las últimas horas el presidente paraguayo Federico Franco apoyó la posición expresada previamente en España por el presidente electo Horacio Cartes, quien consideró “ilegítima” la incorporación de Venezuela al Mercosur y sostuvo que Caracas no puede presidir el bloque regional.
Durante su visita de las últimas horas a España, al ser consultado por los empresarios locales sobre la situación de Paraguay en el organismo regional, Cartes respondió que “la presencia de Venezuela en el Mercosur es ilegítima. Venezuela no puede ser presidente del bloque”, lo que pone de relieve una posición tajante de Asunción respecto a cómo se plantea el escenario en el acuerdo regional.
Recientemente, además, voceros del gobierno guaraní habían manifestado que a Paraguay le ha ido mejor sin la atadura del acuerdo regional, según se pudo comprobar en el período en que el país ha estado suspendido, por lo que no sería de extrañar que al fin de cuentas Asunción no estaría dispuesto a volver de cabeza gacha y sin condicionamientos a un Mercosur que no ofrece garantías institucionales y ha perdido el rumbo.
En el caso de Paraguay, además, estamos ante el único país del acuerdo que no es regido por un gobierno “progresista”, y seguramente esta condición no le es perdonada por un bloque que ha pasado a funcionar como un “club de amigos”, donde los presidentes deciden en base a ideologías, como en un comité, y pasan por arriba el ordenamiento institucional, porque “lo político está por encima de lo jurídico”, como señalara a propósito de esta decisión el presidente José Mujica, y por lo tanto no brinda garantías legales para nadie.
Es notorio que los tres países estaban haciendo todo lo que fuera posible para que el chavismo ingresara al Mercosur, pero desde el punto de vista de los estatutos del bloque, para ingresar se requiere la condición de que sea aprobado por el Parlamento de cada país miembro, y en este caso sistemáticamente el congreso paraguayo ha rechazado la iniciativa.
La destitución del expresidente Lugo --quien ya ha pasado al olvido en Paraguay, donde no lo defendieron ni sus aliados políticos ante el “atropello”-- fue la excusa de los presidentes por la “inconstitucionalidad” del relevo, un supuesto que estuvo lejos de ser comprobado, desde que se aplicaron los preceptos de la Carta Magna paraguaya para el cese del expresidente.
Pero sin embargo estos cambios no fueron solución alguna para los problemas crónicos del Mercosur, que tampoco ha podido concretar ningún acuerdo con otros bloques, como es el caso de las largas negociaciones que se llevan adelante desde hace una década con la Unión Europea, en tanto las ataduras mercosurianas impiden que por su parte cada uno de los países miembro firmen tratados de libre comercio con terceras naciones, lo que limita seriamente las perspectivas del comercio extrarregión.
Estos elementos seguramente están pesando en la cautela paraguaya respecto a su reingreso, y explican el recelo muy bien fundado de Asunción respecto al Mercosur, que no da respuestas en la esencia de sus objetivos, pero que además agrega aditamentos político-ideológicos que lo han desvirtuado y hacen que se devalúe cada vez más su importancia como instrumento de desarrollo y búsqueda de mejor calidad de vida y felicidad de los pueblos de la región.