ANTE RECIENTE RESOLUCION DEL BPS

Locales | 30 Jun El coordinador del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Paysandú, Carlos Damico, aseguró a EL TELEGRAFO que siempre se registraron suspensiones en las asignaciones familiares por incumplimiento de las obligaciones, pero se daban en pocos casos debido a que los controles eran insuficientes. Agregó que actualmente, mediante la utilización de un software que permite cruzar los datos entre los organismos competentes, ese control se ha optimizado. Por otra parte, no descartó que muchas personas que no hayan cumplido con los requisitos exigidos para hacer uso de este beneficio pudieran haber cobrado igualmente la asignación.
El seguimiento de los hogares que reciben la asignación familiar es parte los controles rutinarios que se realizan a los beneficiarios del Plan de Equidad y la Reforma Social. “Siempre hubo suspensiones o bajas por incumplimiento de las contraprestaciones. El desarrollo del seguimiento había sido irregular a nivel nacional por las diferentes formas de llegadas o de compromisos interinstitucionales de todos los organismos que estamos involucrados en esto, ya sea de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Mides, Banco de Previsión Social (BPS), Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Plan CAIF, INAU, muchas veces por falta de los recursos humanos, de la logística y de los sistemas informáticos necesarios”.
La situación generó que se decidiera la creación de un software aplicable en Mides, BPS y ANEP, que transfiere datos entre uno y otro para poder hacer un seguimiento permanente en todo el Uruguay, al mismo tiempo.
Damico señaló que la responsabilidad de la evaluación de la suspensión de una asignación familiar por no cumplir con la obligación de enviar a los niños y adolescentes en un centro de estudios, pasa por el sistema informático del BPS. “No hay intervención humana que elige quién sí y quién no”, dijo.
El sistema BPS-Mides-ANEP, hoy en día está en red. Cuando se pasa lista en la escuela o liceo, automáticamente la información es cargada al software y cada dos meses el BPS recoge esos datos para informarse cuáles son los niños y adolescentes que no está asistiendo a clases.
“El BPS recibe la lista de asistencia cada dos meses por vía electrónica, y el sistema hace la lectura. Así empiezan a saltar todos los que no cumplen con la contraprestación, y luego se suspende el derecho” a las asignaciones familiares, acotó Damico.
Campaña a nivel nacional
Por otra parte, Damico informó que se realizó una campaña de varios meses a nivel nacional, a través de los medios de comunicación, dando a conocer que las asignaciones familiares se suspenderían a aquellos que no cumplieran con las exigencias. “A nivel local nos reunimos con la mesa temática interinstitucional que toma los temas de educación, para acordar la necesidad de que cada alumno de todos los sistemas estuviera informado sobre los controles”.
“La asignación familiar es una prestación destinada a generar equidades e igualdades en toda la población, para que puedan acceder al derecho de estudiar y tener la prestación de salud adecuada, como corresponde”, afirmó Damico.
Según dijo el coordinador del Mides en Paysandú, cuando en 2005 se puso en marcha el Plan de Emergencia, el primer paso fue informar a las personas con respecto a que las asignaciones familiares iban a ser retiradas o suspendidas en caso de que no se cumpliera con las exigencias.
“En un momento la mitad de la población fue suspendida por no cumplir con esto. Pero era algo irregular en determinados departamentos, y se daba más que en otros por no tener una mejor articulación entre las instituciones, así como un mayor compromiso de los responsables de los diferentes organismos que están involucrados”, destacó.
Damico afirmó que de todas formas, hubo casos de personas que recibían las asignaciones a pesar que no mandaban sus hijos a un centro de estudio, o incluso que ni siquiera los habían inscripto.
“Hasta ahora, lo que se hizo fue la aplicación de este nuevo sistema y comenzar a ver las inscripciones que hay en el Uruguay”. Según los datos brindados por Damico, se comprobó que de un total de 400.000 niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, unos 32.000 (un 7%) no estarían cumpliendo con la escolaridad. Y de esos 32.000, unos 20.000 no están siquiera inmersos dentro del sistema educativo.
“Ahí hay que evaluar si existe un problema de discapacidad, la dificultad de vivir muy aislado geográficamente... Hay un montón de variables que hay que chequear para conocer qué es lo que pasa” en cada situación, señaló.
Por otra parte, resaltó que puede existir la posibilidad de que los restantes 12.000 niños y jóvenes estén dentro del sistema educativo, más allá de lo que señala el sistema. “Por ejemplo, puede aparecer en el listado el nombre de una persona pero con otro número de cédula, porque lo anotaron mal. Otros han cambiado de apellido porque han sido reconocidos por su padre. Y también hay casos en los que la información se cargó con datos diferentes: en un sistema tiene un nombre y en otro uno diferente porque donde iba el nombre le pusieron en apellido”, explicó.
Otro dato aportado es que en nuestro país solo unos 600 jóvenes que estudian en la UTU tendrían problemas con la inasistencia.
“Ahora estamos evaluando cuáles son las causas que niegan el derecho a los jóvenes de poder estudiar. Recién ahí vamos a tener los datos y los escenarios para poder ingeniar estrategias para poder intervenir con todo este universo de familias”, acotó.
ReintegrO de las asignaciones
Para Damico, “en un hogar de contexto vulnerable no es lo mismo tener asignación que no tenerla, porque este ingreso extra permite comprar ropa para poder vestirse y poder ir a la escuela, comprar una merienda o un útil de estudio”.
Además, manifestó que el concepto no es perseguir y quitar el beneficio, sino ver quiénes son los que están en esta situación y qué les impide poder cumplir con sus obligaciones. “Lo importante es saber cuáles son los problemas, para poder ver cómo se ajustan otras políticas o definir si es problema de responsabilidad”.
Damico resaltó que desde que se empezó aplicar el Plan de Emergencia, la matrícula en los centros educativos ha ido en aumento. “Quiere decir que se está garantizando el derecho universal al estudio, que la gente se está apropiando del estudio”. Añadió que “el tema ahora es que debemos sostenerla, estamos en una política nacional de construir una sociedad más justa, en la que todos los ciudadanos puedan hacer uso de todos sus derechos, con igualdad de oportunidades”.
Comprobadas las causas con respecto a la no asistencia a los centros educativos y tras confirmar el reintegro al universo educativo, la asignación familiar será restablecida y devuelta automáticamente.
“Estamos en coordinación con Primaria, Secundaria y UTU para ver cuáles son las ofertas educativas que podemos armar, o las que estén operativas para aquellos niños y adolescentes que están en condiciones de estudiar y no están en el sistema”, dijo. Y agregó: “Estamos trabajando para que en las futuras generaciones, según la planificación que manejamos, no exista una sola persona que no haya podido tener el derecho de estudiar”, señaló.
TAMBIÉN CONTROLARÁN
LA SALUD
La próxima etapa planificada es la incorporación de la red de ASSE a este sistema de seguimiento. “Todos los controles médicos deben estar registrados, se equipó a todos los médicos con computadoras, el software ya está instalado y están viendo la conexión como para poder aplicarlo”, informó Damico.