Opinion | 03 Jul El domingo el Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento el último proyecto de ley de Rendición de Cuentas del actual gobierno, con la particularidad de que en esta oportunidad el equipo económico hizo hincapié en la necesidad de actuar con prudencia y de ser austeros en el gasto.
El anuncio se formula precisamente en una coyuntura en la que el escenario internacional presenta perspectivas macroeconómicas que se van distanciando de la realidad que hemos vivido durante prácticamente toda la última década, cuando hemos tenido “el viento de cola”, según el decir del presidente José Mujica, por lo que este entorno es tenido en cuenta a la hora de formular el presupuesto corregido. De acuerdo a lo anunciado en la oportunidad por el titular de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, la iniciativa contempla la asignación de más recursos presupuestales para áreas consideradas prioritarias, como la salud y la educación, pero a la vez sin comprometer desembolsos que pongan en riesgo el equilibrio fiscal.
Según el titular de Economía, al explicar el perfil del proyecto de ley, “son asignaciones y reasignaciones de gastos que le dan el último impulso a un conjunto de acciones del gobierno que fortalecen decisiones tomadas previamente, como la adjudicación del presupuesto y la presentación de las dos últimas rendiciones de cuentas anteriores”.
Pero una cosa es la forma ascéptica en que el gobierno considera que plantea el proyecto, y otra muy distinta el escenario de conflictividad sindical que se da a propósito de elevarse el proyecto de ley al Parlamento, desde que los funcionarios públicos sindicalizados saben que esta es la última oportunidad que tienen antes de que asuma el próximo gobierno, de obtener algún aumento salarial o beneficio por fuera de los reajustes regulares que establece el gobierno. Y la forma de ejercer presión que han elegido es a través de una ola de paros y movilizaciones. Por lo tanto el proyecto austero y prudente que promueve el Poder Ejecutivo a través de su equipo económico viene navegando en aguas turbulentas y presiones al por mayor, nada menos que en período preelectoral, que es donde suelen pagarse los mayores costos políticos por el gobierno que se va, y cuando otro del mismo partido aspira a sucederle, lo que indica que no está todo dicho por más que pretenda señalarse que se entrega un proyecto prácticamente a carpetas cerradas, pero dejando entreabiertas “correcciones”.
Como hemos informado, con marcado énfasis en los últimos días se ha generado un clima de conflictividad, con una escalada a medida que pasan las horas y se avecina el plazo de consideración de la Rendición de Cuentas por el Poder Legislativo, sobre el que a la vez estarán dirigidas ahora las presiones de los gremios, ya que el proyecto salió de la órbita del Poder Ejecutivo.
Sobre todo quienes están en pie de guerra son los sindicatos de la enseñanza, que pretenden aumentos salariales para el sector, y ello incluye el pedido adicional de recursos por la Universidad de la República, la que pese a su autonomía depende de la asignación de dineros que le asigne el gobierno de turno mientras se ha resistido por ejemplo a cobrar matrícula a estudiantes pudientes, --la mayoría de los que asisten a la Universidad-- para por lo menos financiar parcialmente su funcionamiento y eventualmente mejorar las becas para jóvenes provenientes de estratos de menores ingresos, fundamentalmente del Interior.
El punto es que si bien nadie puede cuestionar las necesidades de sectores de asalariados de mejorar sus ingresos --aunque naturalmente, están por encima de muchos trabajadores del área privada-- lo que sí corresponde es evaluar cuáles son las posibilidades del país y más precisamente de los sectores reales de la economía, incluyendo a empresarios, trabajadores y pasivos, de seguir financiando aumentos para funcionarios del Estado con el pago de tributos, que no son nada baratos, por cierto.
Y sobre todo, debe tenerse presente que el mensaje de Rendición de Cuentas austero y prudente, como se menciona, pasa al Parlamento, donde seguramente legisladores del oficialismo en año preelectoral serán especialmente sensibles, de acuerdo a la experiencia, a los reclamos de los grupos de presión. Especialmente porque muchos de ellos pertenecen a sectores que tienen a dirigentes sindicales afines a la coalición de izquierdas como principales protagonistas, por lo que habrá que ver cómo termina la película, y hasta dónde podrá mantenerse en líneas generales la austeridad y el equilibrio fiscal cuando los tironeos y la conflictividad se acentúe, con los costos políticos de por medio.