Nacionales | 04 Jul Tras la decisión del tribunal de arbitraje de incluir en la jurisdicción del Banco Mundial (BM), al caso de Philip Morris contra el Estado uruguayo, el gobierno espera que el mismo concluya “a fines de 2015 o principios de 2016”.
En conferencia de prensa, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, se refirió a la decisión del organismo internacional de atender a la demanda que la multinacional tabacalera realiza contra Uruguay debido a las políticas anti-tabaco, a las que la ministra de Salud Pública, Susana Muniz, definió como “irreversibles”.
“Era esperable. Definir la jurisdicción era el primer paso. Es parte de una estrategia. El gobierno ha preparado el caso sabiendo que esto era una posibilidad”, dijo Cánepa, que se preocupó de repetir más de una vez que esto no significa una ventaja para Philip Morris.
El prosecretario indicó que espera que el caso esté resuelto a fines de 2015 o principios de 2016, y mencionó los argumentos en los que se basaron los árbitros para decidir que sí es jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Cánepa mencionó que los árbitros consideraron que la inversión de la tabacalera estadounidense está enmarcada en el reglamento del Ciadi y que el tema de la salud pública es parte de la discusión de fondo, pero no impide el tratamiento del tema.
Sin embargo, destacó que lo “más preocupante”, es que los jueces uruguayos no indicaron a Philip Morris --cuando la tabacalera acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo-- que la vía previa al Ciadi era proceder según la ley 16.110. Según el jerarca, la iniciativa afirma que “cualquier empresa amparada por un tratado bilateral de inversión que sienta que el Estado uruguayo por alguna decisión violentó esto, antes de ir a una corte internacional, debe agotar la discusión interna, el derecho interno y la posibilidad de litigar”. El prosecretario agregó que “cuando los reclamantes indicaban que había denegación de Justicia” los árbitros definieron que “sí la hay por la forma que tiene Uruguay de tratar estos temas. La falta de conocimientos técnicos de nuestros jueces generan inconvenientes a largo plazo”.
Policía a prisión
por narcotráfico
El juez Pedro Salazar dispuso el procesamiento con prisión por un delito de “concusión” de un agente del Área de Investigaciones de la Zona 3, de Montevideo, en el marco de la investigación por un caso de corrupción policial que continúa siendo investigado. Los restantes implicados, un comisario, dos oficiales y otros dos agentes, recuperaron su libertad tras declarar durante dos jornadas. En el marco de la investigación, varios testigos que concurrieron a la sede judicial dijeron al magistrado que los policías habían plantado drogas y pedido coimas en diferentes operativos realizados meses atrás. Además, Asuntos Internos investiga si estos policías indagados realizaron allanamientos excesivos aprovechando la confianza de magistrados. En varias ocasiones, los policías consiguen órdenes sin explicar claro a los jueces los motivos de las mismas, en tanto, durante el operativo se quedaron con cosas de las personas allanadas o “coimeaban”, afirmaron a El País fuentes de Asuntos Internos.
No devuelve Fonasa y no sube IRPF
En su búsqueda de recursos para planes sociales, el Poder Ejecutivo decidió no devolver los excedentes del Fonasa y dejar quieta la última franja del IRPF, que se aplica a los que ganan más de $ 200 mil. En el mes de agosto, la Presidencia tiene previsto enviar un proyecto de ley al Parlamento que deje sin efecto la devolución de excedentes del Fondo Nacional de la Salud (Fonasa) del año 2013, con lo que estima recaudará unos U$S 50 millones que destinará a prioridades que marcó el Gabinete Social. En el último Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo comenzó a evaluar una segunda alternativa jurídica para obtener más fondos, tales como modificar la última franja de aportes al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se aplica a los sueldos de más de $ 200 mil, debido a los cuestionamientos jurídicos respecto a la propuesta de no devolver los excedentes del Fonasa. Pero fuentes de la Torre Ejecutiva afirmaron a El País que se optará por la propuesta del Fonasa y que se será muy cuidadoso en su legalidad. En ese sentido, una comisión que integran funcionarios de la Presidencia, del Ministerio de Economía y de la OPP analizará si el mecanismo implica un nuevo impuesto o no y lo que resuelva definirá el contenido del proyecto, acotaron las fuentes.
Según datos de la Dirección General Impositiva (DGI) sobre la última campaña del IRPF --que se cerró el año pasado pero es referente a 2011--, en ese momento había en Uruguay 2.248 personas con ingresos mensuales superiores a los $ 249.313 que tributaron en la última franja del gravamen. Esos contribuyentes aportaron al fisco el 18,1% de sus ingresos, de acuerdo la información de la DGI.
Funcionarios de DGI profundizarán medidas
Ante la falta de acuerdo con los funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI), respecto a la reformulación de la carrera administrativa dentro del órgano recaudador, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra próximo a utilizar la idea original de las autoridades por intermedio de un decreto, según explicó el director de la DGI, Pablo Ferreri.
Luego de una instancia de negociación, Ferreri indicó que los funcionarios propusieron un “corrimiento generalizado” de cargos de un grado hacia arriba, en lugar de la propuesta inicial de los agremiados, que marcaba un ascenso de dos, algo que desde la DGI no se está dispuesto a aceptar. Es en vistas de esta falta de acuerdo entre jerarcas y gremialistas, que el MEF se encuentra próximo a promover un decreto por el cual se implementará la propuesta de la dirección sobre la carrera administrativa, que según explicó Ferreri, implica una inversión que es cuatro o cinco veces más grande de lo que se está obligado a realizar por parte de las autoridades.
El jerarca del órgano recaudador, también recalcó a la hora de defender la promoción del decreto, que la negociación no quiere decir que siempre exista acuerdo, aunque en los últimos tiempos dentro de la DGI siempre se obtuvo consenso entre autoridades y funcionarios.
Por su parte, el gremio de funcionarios de impositiva (AFI) dijo que durante la instancia de negociación manifestaron su aceptación sobre siete de los nueve puntos propuestos por la administración, pero recibieron como respuesta que la administración no está en condiciones de negociar. En ese sentido fuentes de AFI dijeron que hoy se reunirán en asamblea y analizarán la posibilidad de ampliar las medidas de lucha, que hasta el momento consisten en paros sorpresivos en determinados sectores, sin descartarse la posibilidad de entrar en huelga.
Múltiples candidaturas
en el FA
Un grupo de frenteamplistas independientes pidió a la Mesa Política del Frente Amplio que se discuta orgánicamente la multiplicidad de candidaturas. La iniciativa cuenta con el apoyo de al menos 400 militantes, entre ellos Julio Louis, Lilián Abrasinskas, Adolfo Wasem y Gabriela Cultelli.
Este grupo rechaza la candidatura de Vázquez como una única opción y por tanto pedirá que las múltiples candidaturas sean tratadas orgánicamente por el Frente Amplio, de cara a las próximas elecciones internas del 1º junio de 2014. El fin de semana pasado se reunieron decenas de militantes independientes que están a favor de convocar a múltiples candidaturas, por entender que la candidatura única de Tabaré Vázquez --que aún no confirmó si aceptaría o no un ofrecimiento-- no satisface sus expectativas. El 18 de julio se realizará una nueva actividad del grupo para definir los pasos a seguir para avanzar en la discusión a la interna frenteamplista.