Opinion | 05 Jul A través de la denuncia periodística se supo hace pocos días que tres sicólogos marcaban tarjeta y se retiraban sin trabajar de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP), para al mismo tiempo ingresar a trabajar en la actividad privada, por lo que supuestamente desarrollaban dos empleos simultáneamente, en el mismo horario, pero naturalmente solo haciendo acto de presencia en el del área privada.
La denuncia al respecto partió del matutino El Observador, y cuando los hechos fueron corroborados por las autoridades del área, se dispuso la separación preventiva y sumario de los tres profesionales involucrados, a efectos de que se sustancie sin obstáculos la investigación administrativa que tiene lugar en dependencias del Estado cuando se pretende constatar las maniobras irregulares de este tipo.
Naturalmente, estamos ante una manifestación de problemas burocráticos inherentes a la actividad de las dependencias estatales, del organismo que sean, porque es impensable que situaciones de este tipo se den en el área privada, donde a ningún empresario se le ocurriría emplear más personal del que necesite y mucho menos dejarlo sin controles. Pero en el Estado las cosas son diferentes, cuando el patrón es en extremo benigno o ni siquiera existe en los hechos, como en este caso, y porque además existe una correlación de omisión de responsabilidades que van desde las jerarquías hacia el personal subalterno y viceversa.
Además están los sindicatos de por medio, que son defensores a ultranza de los funcionarios, del área que sean, y por supuesto, en lo que menos piensan ni les importa es en brindar servicios a la ciudadanía que les paga los sueldos. En cambio hacen un culto de la mejora en las condiciones laborales, la inamovilidad del puesto de trabajo y en desechar enfáticamente cualquier toma de responsabilidad o mejora de la productividad, como regla de oro.
Por lo tanto, puede señalarse que como bien sostiene el refrán, entre bomberos no se pisan la manguera, porque quien más quien menos se siente seguro en su cómodo puestito, y si alguien es investigado significa que algo se va a revolver con el riesgo de poner en evidencia situaciones que no se quieren dar a conocer.
En el caso que nos ocupa, según da cuenta El Observador, ante la denuncia, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP dispuso iniciar sumario con separación del cargo a tres de estos sicólogos, y según el presidente del Codicen, Wilson Netto, uno de los funcionarios sumariados es el siquiatra Héctor Martín, director de la UDI. A la vez el organismo resolvió ampliar la investigación a la totalidad de la unidad para determinar si hubo más personas que realizaban la misma maniobra y un consejero del Codicen dijo que es probable que haya más sumarios y más funcionarios separados del cargo a partir de la investigación ampliada.
Pero por lo pronto, más allá de la “avivada” de los involucrados de cobrarle al Estado por lo que no hacen, se reafirma que en el sector público hay chacras que se desenvuelven ante un desconocimiento total o se aíslan voluntariamente sin cumplir ninguna función que valga la pena en el contexto general, porque no hay quien controle ni a quien rendir cuentas. Además, con esto queda en evidencia que tan útil e importante no debe ser la tarea que desempeñan, por cuanto nadie notó las ausencias, lo que sirve de ejemplo de cómo en el Estado se inventan cargos sólo para completar el organigrama. Se está por lo tanto ante dependencias que son cuna de “curros” de colocación de funcionarios y profesionales sin ningún provecho para el organismo y para el país, de “asesores” en ministerios y otras dependencias, pero sí endosándoles el lastre del costo de su funcionamiento, con altos sueldos incluidos, a todos los ciudadanos que trabajosamente obtienen diariamente magros ingresos para pagar gravosos impuestos y financiar estas oficinas fantasma, donde es posible seguir funcionando sin que sus jerarcas o funcionarios de alto rango hagan acto de presencia y eventualmente sin que ser les haga el menor seguimiento de las actividades que supuestamente se debería realizar.
Quiere decir que dentro de nuestro paquidérmico Estado --¿en que quedó la madre de todas las reformas?-- que tanto nos cuesta a todos los uruguayos, hay solidaridades mal entendidas en un mar de burocracia y omisiones, ausencia de responsabilidades y manejos espurios, que son ocultados bajo la amplia manta de la falta de transparencia y más que nada, complicidades, para no complicarse pero también para seguir gozando de los beneficios del empleo público, tal como se entiende actualmente.