Opinion | 07 Jul En los últimos días el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, anunció a EL TELEGRAFO que la Ley de Tránsito Nº 19.061 --que entró en vigencia este sábado--, tendrá un intervalo de “dos o tres meses” para que las intendencias conozcan aspectos inherentes a su reglamentación, buscando empoderar a los gobiernos departamentales en torno a su instrumentación.
La iniciativa, que se aplicará en todas las modalidades de vehículos tales como autos, motos o bicicletas, presenta algunas dudas que solo las autoridades se encuentran en condiciones de responder.
Por ejemplo, los automovilistas estarán obligados a usar una silla especial para el transporte de menores hasta 12 años, que deberán viajar en el asiento trasero al igual que los menores de 18 años o con estatura menor a 1,50 metros. Dadas las características de los automóviles que se venden en Uruguay, donde los vehículos más populares son en realidad, diminutos, ¿cómo harán para instalar una silla en el asiento trasero y que se ubique un menor de 12 años, que en muchos casos ya alcanza la estatura de un adulto a esa edad? Y en todo caso ¿cómo se convencerá a un adolescente para viajar en tales condiciones, en especial si ya tiene 16 o 17 años?
Por otra parte, los motociclistas no podrán llevar como acompañantes a niños o adolescentes que no alcancen los posapies, aunque habilita a colocar otros especiales. Eso ya de por sí va a ser difícil de instrumentar, cuando aún ni siquiera han logrado que tengan las luces reglamentarias en orden. Pero más difícil aún será observar a los ciclistas, que deberán utilizar casco protector y la bicicleta deberá tener luz blanca adelante, roja atrás, espejo retrovisor, frenos en ambas ruedas y timbre o bocina, que deberán estar incluidos en el vehículo al momento de la venta.
En este aspecto, la norma puede parecer muy avanzada y “moderna”, tanto que por lejos supera en exigencia a las que se aplican en los países del primer mundo donde las bicicletas son las verdaderas dueñas de la calle. Por ejemplo en Holanda, donde los ciclistas no usan casco –salvo para competir o por deporte--, ningún birrodado tiene espejos retrovisores y aunque la mayoría sí cuenta con timbre, es debido a que las bicicletas andan también entre los peatones, y sirve para advertirles que se acercan y que tienen siempre la preferencia. Además, dada la cantidad de hurtos que se registran día a día, el ciclista uruguayo se verá obligado a llevar una valija aparte para retirar todos los accesorios cada vez que deje encadenado su vehículo –tendrá que llevarse el espejo, las luces, chaleco, casco, timbre y todo lo que se le ocurra a la Unasev—y así evitar que se lo apropien los “amigos de lo ajeno”.
No es extraño entonces que el presidente de la Unasev haya reconocido que “el tema más complejo y el que va a llevar más tiempo es el de los ciclistas, porque hay que acostumbrarlos. No es fácil, pero la intención de la ley es que la gente comprenda que esas medidas son para preservar la vida”. Y ese es el quid de la cuestión: la intención siempre es buena, pero muchas veces peca de delirante. Tanto es así que desde la promulgación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial noviembre de 2007 hasta la fecha, Uruguay mantiene una alta siniestralidad que, en algunos casos, solo se ha logrado revertir solo con conciencia. Somos un país con características africanas, con rutas en pésimo estado que no cumplen con las más básicas normas de seguridad y donde el Estado comete barbaridades como dejar pedregullo suelto sobre la calzada para que la apisone el propio tráfico; o las calles de la ciudad con baches donde cabe un elefante con la trompa extendida, y pretendemos imponer a sangre y fuego –o más bien plata, incautaciones de vehículos y retiro de libretas-- las reglas más exigentes del mundo para los conductores. Por supuesto, el Estado es siempre impoluto, al que todo se le perdona, aun cuando es responsable directo de cientos o miles de vidas perdidas en accidentes ocasionados por las barbaridades que comete –o que no soluciona--, como por ejemplo en ruta 26 en Paysandú.
Por otra parte, se imponen leyes extremas sin medir las causas reales de la siniestralidad, basándose en estadísticas de países que nada tienen que ver con el nuestro. ¿Cúantos casos de niños “ahorcados” por el cinturón de seguridad en accidentes se registraron en Uruguay en los últimos 100 años? ¿Cuánto redujo la siniestralidad específicamente la obligatoriedad llevar las luces encendidas todo el día? ¿Cuántos fallecidos hubo en ciudad por no usar el cinturón de seguridad en los asientos traseros (no vale poner de ejemplo que la puerta no cerraba y no estaban dispuestos a arreglarla)? En Uruguay, no se sabe. No sería de extrañar que en algún momento se les ocurra “imprescindible” el uso de cadenas para las cubiertas en invierno; al fin y al cabo, en Suecia –el “país con tránsito más seguro del mundo”—son obligatorias para la nieve.
En Uruguay, la mayoría de los automóviles que se venden –y hasta se arman—no superan los mínimos estándares de seguridad de los países a los que pretendemos imitar. En caso de accidente, literalmente se desintegran, por más “barras de impacto”, ABS y airbags que tengan. Quizás lo mejor que le puede pasar al pasajero en estos autos es salir despedido antes que triturarse entre los fierros retorcidos. Y las cubiertas chinas con que vienen armadas las motos, ¡son de plástico y estallan solas! Pero en este paisito somos más realistas que el Rey, y vamos a pedirle a los nenes de 15, 16 o 17 años que no alcancen el metro cincuenta, que viajen en su almohadoncito especial. Basta imaginarse dónde meter tres sillitas de esas en un auto del tamaño del popular “QQ” o un Alto, para entender en algo los problemas que habremos de enfrentar.
Lo más triste es que las intendencias del Interior parece que ya no están para defender a sus ciudadanos, sino para aceptar de callado lo que el gobierno nacional les dicta.