Opinion | 05 Jul En 2012, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto, que contó con el respaldo de todos los partidos, para que el Estado reserve el 8% de sus vacantes a los “afrodescendientes” y así saldar una “discriminación histórica”.
Las últimas cifras oficiales indican que el desempleo se ubica en 6,3%, aunque en otra oportunidad podríamos argumentar en torno a los criterios que se utilizan para medir esa problemática y coincidir en torno a la calidad del empleo cuando se habla de changas que se realizan una o dos veces a la semana.
Pero volvamos al colectivo “afro”, donde el 50% se encuentra en situación de pobreza y un 70% es rechazado cuando sale a buscar trabajo en el ámbito privado. Por eso, el desempleo se dispara a un 14% y la mayoría de los afectados radica en el interior.
En tanto, el ingreso de afrodescendientes a la administración pública se hará --según la normativa votada en comisión el año pasado-- por un período de 10 años, con la posibilidad de “perpetuar el beneficio”. Pero como decimos “en comisión”, significa que la propuesta se encuentra todavía en el Parlamento, transitando el largo periplo de la discusión. Por ende, no está resuelta todavía.
En mayo pasado el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, anunció que ante la inminente instalación de los Consejos de Salarios, el Poder Ejecutivo promoverá cláusulas de “discriminación positiva” (¿?) orientada a la provisión de vacantes, mientras ambas cámaras continúan considerando el destino del 8%.
Brenta explicó que así como se impulsaron cláusulas por género, se haría lo mismo con la población afro, aunque el asesor del Mides Andrés Scagliola propuso que ese porcentaje se oriente a los diversos escalafones del Estado, para que “no se concentre en los sectores de menor calificación vinculados a los servicios”, expresó.
Los augurios de cumplimiento de esta iniciativa no generan grandes expectativas. Si no, tomemos como ejemplo lo que ocurre con las personas discapacitadas, donde el Estado solo cubrió 30 de las 302 vacantes que se generaron para este colectivo en 2012. Eso es el 0,4% de los ingresos, y no el 4% como indica la ley de discapacidad, que fue votada en febrero de 2010 y todavía no ha sido reglamentada.