Opinion | 04 Jul La problemática de la minoridad en nuestro país tiene muchas puntas, pero notoriamente la de la inimputabilidad de “infractores” es el punto que más preocupa a la población, y va más allá de la situación de miles y miles de niños con serios problemas, que pasan por la degradación de valores en el hogar hasta la situación de calle, y con un Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) que se ve desbordado e incapaz de cumplir son sus competencias en muchas áreas.
Hay una amplia gama de situaciones que deben analizarse por separado en cuanto a su esencia y proyecciones, pero que en sus consecuencias muchas veces están vinculadas entre sí, desde que no puede obviarse que el niño desamparado y en situación de calle, el que vive en la marginación, conlleva en su diario convivir una serie de desencadenantes de problemas de delincuencia precoz, de pérdida absoluta de valores y de precocidad en los malos pasos que llevan a la delincuencia.
Pero como todas las cosas, en la sociedad y los organismos correspondientes del Estado, como el INAU, está la responsabilidad de ponderar en su real dimensión hasta dónde pueden llegar las acciones y las respuestas para hacer frente a esta problemática.
Por supuesto, para el ciudadano común el eje central del problema es la minoridad infractora, para la que se ha legislado en los últimos años en forma por demás ingenua, tomando como referencia una línea ideal que dista un abismo de la realidad. En tanto, también junto al INAU, algunos sectores de gobierno y organizaciones no gubernamentales siguen idealizando el tratamiento de una problemática que en muchos casos se ha escapado de las manos de los organismos competentes, de la propia justicia y de la Policía, por efecto precisamente de una legislación ajena al mundo real.
Y muchas veces los sanos intentos por revertir aunque más no sea parcialmente esta enajenación y divorcio entre la ley y la calle, chocan contra la actuación de grupos que siguen empecinados en tratar el tema como si aquí no pasara nada.
En este contexto encajan las fuertes críticas de la organizaciones sociales que trabajan en el tema de la minoridad respecto al proyecto de Código Penal Juvenil, porque sostienen que al duplicar las penas para las infracciones gravísimas se violan pactos y tratados internacionales que suscribió Uruguay.
Debe tenerse presente que una comisión especial creada por el Poder Ejecutivo entregó el viernes pasado al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, el anteproyecto de Código Penal Juvenil, que crea un sistema especial para juzgar a los menores desde los 13 años que cometen infracciones muy graves, pero por fuera del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). El proyecto ha sido redactado en base a un criterio de proporcionalidad con las penas del código penal de adultos, y plantea llevar por ejemplo a un máximo de diez años la internación para los menores que cometen infracciones gravísimas, duplicando así el tope actual del CNA, que es de cinco años.
El agravamiento de las sanciones se aplicará a los menores de entre 15 y 17 años que cometan por lo tanto infracciones como homicidio, violación, rapiña y copamiento, es decir delitos propios de delincuentes consumados y no “infracciones”, término que indica que son apenas travesuras de chiquillos.
Por supuesto, hay organizaciones que han hecho culto de estos embanderamientos, a contramano de lo que piensa y sufre la sociedad azotada por una delincuencia infractora que no respeta ningún código. Ello explica que haya quienes se oponen a dar un tratamiento severo a quienes por supuesto a esta altura no tienen posible reeducación, y que solo aspiran a salir a la calle lo antes posible para seguir haciendo lo que siempre han hecho: delinquir.
Así, el anuncio sobre este código causó sorpresa en las organizaciones sociales que trabajan en la problemática de la minoridad infractora, que consideran que la iniciativa viola acuerdos internacionales firmados por Uruguay, lo que aparece como ridículo, cuando en la mayoría de países del primer mundo se aplican penas realmente severas a los menores que cometen homicidios y otras “infracciones” gravísimas.
Lamentablemente, lo que ocurre es que seguimos dominados por el idealismo de algunos soñadores a los que les explota el problema en la cara y continúan flotando en un mundo de algodones. Y mientras son defendidos a capa y espada por estas organizaciones, los menores infractores aprovechan para seguir gozando de su condición, que les permite hacer lo que se les dé la gana con la certeza que al cumplir los 18 años serán tan inocentes para el sistema judicial como un bebé de pecho, y que peor que les puede pasar –sólo si los “agarran” y pueden probarles algún crimen horrendo-- es cumplir una pena de cinco años de reclusión de la cual saldrán sin ningún registro negativo, para continuar con su vida como si nada.
Lo que se necesita por lo tanto es un baño de realidad, de dejar de poner paños tibios a quienes nunca se van a redimir de esta forma --posiblemente tampoco de otra, lamentablemente-- y por lo tanto corresponde priorizar los derechos de la sociedad frente a los de estos delincuentes contumaces. Y por supuesto, continuar tratando de rehabilitarlos, pero de ninguna manera con libertad para delinquir.