Nacionales | 08 Jul Uno de cada seis uruguayos que trabajan tiene un vínculo laboral con el Estado y la mayor dependencia laboral se observa en Montevideo, Treinta y Tres y Rocha. La mayoría de los ingresos fueron a las áreas educativas, salud y servicios sociales.
El Censo de 2011 determinó que Uruguay tiene 3.286.314 habitantes, y de ellos la “población ocupada” es de 1.642.813. A 2012 existían 280.685 vínculos laborales con el Estado, lo que incluye a los funcionarios públicos presupuestados y los contratados, por lo que la relación laboral estatal era del 8,5% del total de la población y del 17,1% respecto de la ciudadanía laboralmente activa.
La relación de esas estadísticas, contenidas en el informe de vínculos laborales con el Estado 2012 de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONCS), determina que de seis uruguayos que trabajan, uno lo hace para el Estado. “
La relación está dentro de los parámetros internacionales, aunque lo ideal sería que los empleados públicos representaran el 15% del total de la población activa, por lo que yo diría que en Uruguay hay unos 30.000 empleados públicos de más”, dijo Ruben Correa Freitas, quien ocupó la titularidad de la ONCS durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-2000).
Correa Freitas dijo a El País que debe tenerse en cuenta que el Estado uruguayo es “fuertemente interventor”, ya que tiene empresas públicas y diversos servicios a su cargo, por lo que la relación “es adecuada al concierto internacional”.
En 2012, el Estado aumentó en 7.134 sus vínculos laborales en relación al año anterior, de acuerdo con el último informe de la ONCS. Del total de personas que en 2012 trabajaban para el Estado, 268.443 tenían la calidad de funcionarios públicos y de ellos 103.346 eran presupuestados. La plantilla estatal se completó con 16.319 “vínculos que no tienen la calidad de funcionarios públicos”, como pasantes, contratados a término y contratados bajo las modalidades de arrendamiento de obra o servicios, entre otras.
El año pasado, “la cantidad de vínculos laborales de funcionarios públicos aumentó en 4.365 y la de no funcionarios públicos en 2.769”, dice el reporte de la ONCS.
Según la ONCS, cuyo último informe está disponible en la web del organismo, “los departamentos con mayor peso del empleo público en la población ocupada son Montevideo (21,4%), Treinta y Tres (20,9%), Rocha (20,7%) y Río Negro (20,6%), siendo menor el porcentaje de vínculos en relación a la población ocupada en los departamentos de Canelones (9,5%) y San José (11,8%)”.
Los departamentos que concentran más población, tales como Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia, Salto y Paysandú, también son los que “tienen más proporción de vínculos laborales y los dos con menor población --Flores y Treinta y Tres-- son los que tienen menor cantidad de vínculos con el Estado”, indica el reporte oficial.
DESVÍO ILEGAL A ASSE
El Sindicato Médico denuncia que ASSE desvió “ilegalmente” fondos destinados para el pago por productividad médica en los hospitales y advierte que empezarán a quedar sin cobertura las guardias pediátricas en el Pereira Rossell y policlínicas.
A mediados de diciembre de 2012, la plana mayor del gobierno se reunió en la Torre Ejecutiva con el gremio médico a fin de anunciar la firma de un histórico acuerdo para reformar el modelo de trabajo de los profesionales de la medicina. Hubo bombos y platillos. El convenio incluía, entre otros detalles, la creación de cargos de alta dedicación para terminar con el multiempleo y el pago variable por productividad en los hospitales para generar un mayor compromiso entre médico y paciente. Desde el presidente José Mujica para abajo estuvieron todos en la foto el día que sellaron ese acuerdo que ya asignaba una partida de dinero para comenzar a ejecutar los cambios.
El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, dijo a El País que a pesar de haber abrochado el convenio bajo la atenta mirada del propio Mujica y que los montos ya fueron asignados en la pasada Rendición de Cuentas, nada de esto se ha ejecutado aún. Y es más, aseguró que los fondos destinados al pago variable por productividad en la atención de primer y segundo nivel de atención en los hospitales, unos $ 130 millones, se usaron para cubrir otros rubros en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
“Hubo un desvío de fondos asignados hacía otros rubros dentro de ASSE. Es así, no es que me consta, es así. Tan así es que hoy en día ASSE no nos da respuesta de dónde están asignados esos $ 130 millones”, denunció.
El médico dijo que las autoridades les han respondido que no tienen la capacidad de generar esa plata que falta sin pedir un refuerzo de presupuesto y que el dinero se ha usado, por ejemplo, para cubrir vacantes de funcionarios no médicos.
Trostchansky remarcó que el hecho de no ejecutar una partida destinada a determinado fin y trasponerla a otros rubros es “ilegal” o al menos “objetable” desde el punto de vista legal. Recordó que un episodio similar de desvío de fondos --transposición de rubros salariales en este caso-- le costó el cargo al ex presidente de ASSE, Mario Córdoba, y al ex gerente general, Enrique Buccino, en 2011. El dirigente insistió que en esta oportunidad se había generado un “compromiso” avalado por la Presidencia y que para eso hubo una asignación de dinero, “o es que se tenía que salir a buscar recursos. Pero por ineficiencia o acción directa esos rubros no se ejecutaron dentro del colectivo médico. ASSE no le está fallando solo a los médicos, le está fallando al presidente de la República”, dijo Trostchansky.
DESACATO POR NO ASISTIR A SECCIONAL
La Comisión de Constitución y Legislación del Parlamento volverá a tratar el proyecto “Por la Vida y la Convivencia”, enviado desde el Poder Ejecutivo, que incluye aspectos de las faltas al orden público de particular controversia sobre cuales serán las sanciones que correspondan.
Desde la “omisión de asistencia a la autoridad”, pasando por la “desobediencia pasiva”, y la “provocación o participación en desórdenes en espectáculos públicos”, hasta la reventa de entradas para espectáculos públicos”, la temática sobre las infracciones en que incurren los ciudadanos es amplia y amerita un estudio pormenorizado caso por caso, en tanto el equilibrio entre la inocuidad y el delito es requisito imprescindible para que las normas sean aplicables.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate y aún no encuentra solución es el ítem referido a si las personas que teniendo antecedentes en participación de desmanes deportivos, incurren en el delito de desacato, en caso que no presentarse en la dependencia policial más próxima al partido, los días en que juega el equipo del cual el barra, es adepto.
“Si el imputado no se presentase en el lugar y horario indicados sin mediar motivo justificado, en las fechas sucesivas será conducido por la fuerza pública”, dice el texto del proyecto, algo que el Ministerio del Interior ve como imposible ya que los barras bravas son centenares, y no habría suficientes policías para ir a buscar a lo que no cumplan, por lo que se debería hacer que quienes incumplen caigan automáticamente en el delito de “desacato”.
Sin embargo, la oposición considera que “es ir demasiado lejos”, en tanto se entiende por desacato la desobediencia abierta al mandato de la autoridad. Si ello ocurre podría desatarse una ola de expedientes penales, en todo el país, dependiendo no solo del fútbol sino de toda actividad pública.