Opinion | 06 Jul Según se supo en las últimas horas, la Intendencia Municipal de Montevideo está analizando un conjunto de medidas “saludables” para la población, y entre otros aspectos se considera la prohibición de colocar mayonesa y sal en las mesas de bares y restaurantes, lo que se enmarcaría en ponerse en sintonía con políticas de carácter nacional que encara el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Para los jerarcas y técnicos municipales capitalinos, según da cuenta El País, hay una prioridad central en las políticas de salud con eje en la nutrición y por lo tanto, como organismo regulador, se debe “alertar frente al consumo de grasas, azúcares y sal en forma excesiva”.
El director de salud de la comuna montevideana, Pablo Anzalone, en informe a la Junta Departamental, subrayó que “estamos teniendo problemas de hipertensión y de obesidad ya desde la niñez, así como problemas que luego tienen que ver con enfermedades cardíacas, cerebro-vasculares, oncológicas, etcétera, y que se relacionan con hábitos nutricionales equivocados, nocivos para la salud”. A su juicio, es pertinente por lo tanto que se esté trabajando en la instrumentación de la prohibición de colocar tanto saleros como condimentos tales como mayonesa o ketchup en las mesas de los lugares de consumo de alimentos, considerando que de esta forma se desestimulará su consumo.
En realidad, si consideráramos la situación tal como está planteada, diríamos que es un tema de exclusivo interés de los montevideanos, y allá ellos con sus regulaciones y/o costumbres promovidas desde la Intendencia.
Pero lamentablemente, y por regla general, lo que se genera como una acción novedosa desde Montevideo suele utilizarse como ejemplo para que el gobierno nacional o a través del Congreso de Intendentes lo traslade –o más bien imponga-- al Interior, extrapolando decisiones y hechos consumados que se generan en la capital.
Es en este punto que corresponde evaluar hasta dónde es posible llegar con las regulaciones a través de un Estado que gradualmente, en las dos últimas administraciones nacionales, se inmiscuye en la vida de las personas, en sus decisiones e intereses –desde el automóvil que quiere comprar, que son elegidos por el Estado a fuerza de impuestazos a los que no le “gustan”, hasta lo que debemos mirar en la televisión, con la “ley de medios” que actualmente está en discusión--. Y sobre todo, pretende imponer por la vía de la regulación, sanciones o prohibiciones, qué y cómo debemos hacer y hasta comer los uruguayos. Por su puesto, todo es en aras de un interés supremo que deja de lado y desestima la preferencia personal y los derechos individuales, para que el Estado nos “guíe” de la mano como a niños, y nos dicte lo que podemos y debemos hacer para alcanzar una vida digna del paraíso.
Estas políticas de injerencia en decisiones personales podrían tener asidero, y efectivamente lo tienen, cuando por determinadas prácticas se está perjudicando a terceros, y en este contexto debe evaluarse que al menos determinadas restricciones respecto al consumo de tabaco son pertinentes y positivas en la medida en que se ha prohibido fumar en lugares cerrados, en los que efectivamente el humo afecta a los no fumadores. Sin embargo la ley prohíbe también a los “clubes de fumadores”, lo que es un extremo ya discutible.
En cambio existe una flagrante contradicción en el caso de la marihuana, desde que en nuestro país no está prohibido drogarse con el narcótico que sea, pero sí está penada la venta y suministro a los consumidores. Lo absurdo está en que la ley que el Ejecutivo pretende sancionar al respecto permitiría formar clubes de consumidores de marihuana, que es bastante más nociva que el tabaco. Entonces, en aras de la libertad individual se permite el consumo de drogas, y hasta en el caso de la marihuana se da el mensaje implícito de que “está todo bien” para el que la consume. Mientras, paradójicamente se pretende prohibir los condimentos con sal en las mesas de restaurantes buscando modificar forzadamente las preferencias y gustos del ciudadano en aspectos tan personales como los alimentos que “podemos” ingerir, y que nada tiene que ver con afectar a terceros, como es el caso del tabaco e incluso de la droga.
Estamos por lo tanto ante el riesgo de que se genere un Estado “policial” que nos lleve de la mano cual niños, diciéndonos que es lo que debemos o podemos hacer. El gobierno departamental de Montevideo ya tiene experiencia en este tipo de normas extremas, cuando por ejemplo prohíbe vender en los “carritos” de comidas rápidas la clásica lechuga o el tomate, o cualquier cosa que no esté envasada. Ahora los inventores del carrito de choripán –al menos en Uruguay— al parecer tendrán que degustar el chorizo sin aderezos, o sea, sólo con el pan.
Lo malo es que no estamos tan lejos que el gobierno nacional, con sus políticas paternalistas nos imponga medidas saludables similares –mucho más considerando la cercanía ideológica con la administración montevideana--.
De hecho ya están prohibidos los snacks en las escuelas, y hasta el tradicional bollo está vedado en el recreo. Por supuesto que es por nuestro bien pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a que nos manejen nuestras vidas y las de nuestra familia?