Nacionales | 09 Jul El asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Juan Mailhos, dijo a El País que su impresión general de la pauta es que será “compleja” y que “tendrá dificultades en la interpretación y aplicación”. Para el asesor se “siguen repitiendo algunos errores de considerar números macro y sectoriales que después son de difícil concreción”.
“La fórmula, en algunos aspectos, deja temas que van a tener que ser renegociados anualmente y no zanjan el problema de la previsibilidad de los costos salariales”, manifestó. Mailhos añadió que les preocupa la situación de algunos sectores y empresas “que si tienen un comportamiento descendido, van a tener que verse sometidos a otorgar incrementos de salario real que no es lo más aconsejable para no afectar su situación”.
Los trabajadores y empresarios volverán a reunirse el próximo lunes a las 17 en el Ministerio, para comenzar a recibir las posturas oficiales de las cámaras empresariales y de los representantes del Pit Cnt.
El Poder Ejecutivo plantea dos mecanismos por los cuales llegar a un eventual acuerdo salarial. El subsecretario de Trabajo, Nelson Loustanau, manifestó que “se pretende que ningún sector sufra pérdidas del salario real y que los crecimientos van a estar atados a la evolución de cada sector en concreto. Asimismo, hay un tratamiento discriminatorio a favor de aquellos sectores más deprimidos. Eso son las tres líneas básicas”.
Por su parte, el dirigente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, manifestó que el objetivo es “tejer acuerdos”. “Nos interesa el interés de los trabajadores y de las grandes mayorías, porque cuando hay aumento de salarios se mueve toda la economía, ajustan pasividades, las jubilaciones, se mueve el pequeño y mediano comercio, la industria y producción agropecuaria”, manifestó.
Además, señaló que “el asunto es qué grado de intransigencia o no muestren las patronales. Las declaraciones emitidas hasta ahora demuestran cierto grado de preocupación. Nosotros vamos a estar negociados de buena fe y movilizados”.
En la víspera se realizó la primera reunión del Consejo Superior Tripartito donde se brindaron las pautas de negociación y de antemano se advirtió de las complicaciones en la negociación.
Aumentos de salarios reales de hasta 3% anual, incremento del salario mínimo nacional a $ 10.000 y suba diferencial para las remuneraciones más sumergidas por sector son tres de las principales claves que discutieron las cámaras empresariales, el Pit Cnt y el Ministerio de Trabajo.
Gallo demandará
a Solari
El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, demandará penalmente al senador Alfredo Solari por daño moral.
Durante la comparecencia de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, al Parlamento, la semana pasada, el senador Alfredo Solari aseguró que con el cierre del CTI del hospital de Canelones los pacientes pasan a atenderse en la cooperativa local y habló del beneficio que significa eso para los cooperativistas.
Uno de ellos es el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo. El jerarca dijo a El País que los dichos de Solari lo afectaron directamente y que por ello hará una demanda penal por daño moral. “La Justicia le pedirá explicaciones y él las tendrá que dar porque yo me veo afectado y perjudicado desde el punto de vista moral”, aseguró Gallo y comentó que está preparando el escrito con sus abogados y que lo presentará en el correr de la semana.
En declaraciones a radio Sarandí la semana pasada, el jerarca negó que pueda participar en algún momento de decisiones que favorezcan a la cooperativa médica de la que es propietario en Canelones. Sin embargo, admitió que “todos los directores” del Hospital de Canelones “son cooperativistas de Comeca”.
“En el cargo de la Junasa soy absolutamente honorario, no cobro. Como asesor de la ministra cobro $ 32.000 si no recuerdo mal y cobro por ser cirujano de guardia del Hospital Pereira Rossell alrededor de $ 30.000 por 96 horas de trabajo. Todos los miércoles estoy de guardia en el Hospital Pereira Rossell”, explicó.
Regulación
del alcohol
El presidente José Mujica enviará esta semana al Parlamento la ley de regulación del alcohol. Se busca controlar “fuertemente la disponibilidad para el expendio” y la venta solo se podrá hacer con licencia, explicó el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada. El presidente José Mujica prevé remitir al Parlamento esta semana el proyecto de ley que regula la venta de bebidas alcohólicas. La iniciativa, que otorgará el expendio mediante el otorgamiento de licencias, está siendo sometida en estas horas a los últimos ajustes por el Poder Ejecutivo.
El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, agregó que se trata de “una ley integral que busca regular fundamentalmente la disponibilidad para el expendio”.
En ese sentido, dijo que “una de las variables para el uso de cualquier droga es la disponibilidad que exista. Con mayor disponibilidad son más complejos los usos problemáticos. La idea es regular eso”. Agregó que “quien hoy esté vendiendo, seguirá haciéndolo con una licencia a muy bajo costo. En la medida que no se respeten las regulaciones existentes, se quitarán las licencias”.
Además, “se establecen criterios” para evitar que “exista publicidad engañosa”.
La prevalencia epidemiológica del alcohol es del 82%. “Eso significa que 8 de cada 10 uruguayos han bebido alcohol al menos una vez en su vida. Y 230.000 personas tienen uso problemático de alcohol, por abuso de ingesta, que es la borrachera, o por adicción”, recordó Calzada.
La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 12,8 años. “Es la droga con mayor incidencia epidemiológica y donde hay más usos problemáticos”, subrayó el jerarca.
Funcionarios del Mides en conflicto
Los funcionarios del Mides se declararon en conflicto a raíz de que dicha secretaría de Estado decidió no incluir en la Rendición de Cuentas un artículo que regularizaba la contratación de 700 trabajadores. El sindicato critica que se hayan esgrimido razones de “coyuntura política” cuando la operación no insumía más gastos al Estado. A través de un comunicado, la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides) anunció el inicio del conflicto y de “medidas tendientes a informar y sensibilizar a la ciudadanía en general”.
Las acciones, sin embargo, se tomarán “previendo no vulnerar los derechos de la población a la que apuntan las políticas sociales, dado el compromiso de nuestra labor social”, según su comunicado. De todas formas, mañana los funcionarios realizarán una “asamblea con paro total” a partir de las 12, por lo que la atención al público se verá resentida.
Además, los trabajadores informan que buscarán “generar los contactos necesarios con los diversos actores políticos y sociales que crean pertinentes” para poner en discusión “la situación de precariedad laboral”. Según la asociación de trabajadores, los funcionarios habían alcanzado “en los últimos meses” con el ministro Daniel Olesker, el subsecretario Lauro Meléndez y la directora general Alicia Díaz, un acuerdo para “elaborar un artículo que permitiera ingresar a la Rendición de Cuentas, la generación de las vacantes correspondientes para regularizar el vínculo contractual de estos trabajadores con el Estado”.
Sin embargo, y a pesar de que aseguran que la operación no generaba más gasto al Estado, en la última reunión bipartita el Mides comunicó a los trabajadores que el artículo no había sido incluido “por motivos de coyuntura política”.