Opinion | 13 Jul Las cancillerías de Uruguay y Argentina se encuentran “negociando” una vez más la posibilidad de por fin difundir resultados de monitoreos que fueron efectuados en su momento en puntos críticos del río Uruguay, a efectos de determinar índices de contaminación. Pero evidentemente hay reticencia y chicanas para seguir postergando esta difusión por Argentina, que ya se sabe no sale bien parada del resultado de los estudios acordados en su momento por ambos gobiernos.
Pero la difusión sigue trabada porque siempre aparece algún elemento nuevo cuando se han solucionado otros, y el tema es que pasan los meses y hasta los años y sigue sin darse a conocer el resultado de los monitoreos que eran considerados fundamentales para hacer un seguimiento del estado de la vía de agua compartida e introducir los correctivos en caso de que sea necesario.
En los meses de mayo y junio la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), no realizó sesiones plenarias a solicitud de los presidentes de las delegaciones de Uruguay y Argentina, que precisamente aguardan los resultados de las negociaciones de las cancillerías de los dos países.
Los vicecancilleres Luis Porto y Eduardo Zuain, de Uruguay y Argentina respectivamente, fueron designados por sus gobiernos para encabezar estas negociaciones, que son rodeadas de un total hermetismo, pese a que ha trascendido que se registraron algunos avances, por cuanto ambos vicecancilleres se comprometieron a no comentar públicamente sobre el tema hasta que se genere algún acuerdo.
Y mientras está sesionando la CARU en Paysandú, superando un impasse de dos meses, todo indica que habría pocas novedades respecto al estado de situación de entonces en cuanto a los resultados de los monitoreos, que forman parte del acuerdo al que se alcanzó tras la intervención de la Corte de Justicia de La Haya.
Los monitoreos incluyen los lugares críticos del río Uruguay como la zona de los efluentes de la planta de celulosa de Botnia y la desembocadura del río Gualeguaychú, con sus industrias contaminantes, en el río Uruguay. Pero estos problemas sin dilucidar, con mucha “manija” todavía de los seudoambientalistas de Gualeguaychú, y la bandera que en su momento recogiera el gobierno Kirchner de estos grupos radicales, se proyectan negativamente sobre todo entendimiento e incluso afectan el mejor desarrollo de los contactos para el dragado del río Uruguay, o hasta impiden la aprobación –lo que es más absurdo aún— de la instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Paysandú, por ejemplo.
En los dos lugares críticos mencionados se han realizado ya más de una decena de muestreos que fueron analizados por un laboratorio canadiense, pero la delegación argentina sigue negándose a que se divulguen estos resultados, aduciendo divergencias en cuanto a las temperaturas a que se vuelcan los efluentes de la planta de Botnia.
Según se ha indicado por delegados uruguayos en CARU, los resultados del laboratorio canadiense indican que las aguas en el entorno de la planta de Botnia no presentan contaminación por encima de los parámetros tolerados internacionalmente, pero en cambio sí la hay en el caso de Gualeguaychú.
Estos resultados son por supuesto parte de un efecto boomerang contra el país denunciante, cuyo gobierno apoyó el juego delirante de los activistas opositores a la instalación de la planta, por cuanto no solo se encuentran con que ésta es inocua, tal como lo son sus plantas de Finlandia, donde aplica los mismos parámetros y tecnologías, sino que a la vez las industrias y los efluentes cloacales que salen hacia el río Uruguay de la cercana ciudad entrerriana sí resultan contaminantes y por lo tanto comprometen incluso la situación de los atractivos balnearios turísticos del lugar.
Es muy difícil por lo tanto que el gobierno argentino se allane a tragar esta píldora, que lo dejaría muy mal parado en el ámbito internacional, tras el escombro que armó con el conflicto por la planta de celulosa, y lo que estaría en juego, se nos ocurre, es el intento de una salida elegante, sin vencidos ni vencedores, para que por lo menos Buenos Aires pueda salvar la imagen ante la opinión pública.
Este tema incluye asimismo la instalación de dos terminales portuarias en Nueva Palmira, desde que Argentina se queja de que no se hicieron los estudios necesarios para pedir autorización en CARU a la contraparte argentina para su instalación, en tanto en su momento el presidente José Mujica dejó entrever que se decidiría llevar adelante la obra con o sin el consentimiento de Argentina.
El punto es que hay un “paquete” de contencioso binacional que no deja avanzar en aspectos claves de la administración del río compartido, y que la única forma de salida acordada sería mediante concesiones recíprocas, cuyo punto de equilibrio es lo que se está buscando, sin que todavía esté a la vista.