Opinion | 08 Jul El Poder Ejecutivo está sumamente apurado en que el Poder Legislativo apruebe la ley de regulación del cannabis, en tanto, ha sido presentada como una de las quince medidas clave para mejorar los índices de inseguridad. Pero como lo indica el nombre completo de la ley, el Estado estará encargado de controlar y regular el consumo de la marihuana.
Para establecer mecanismos de control y regulación, hace falta --sin duda-- un presupuesto acorde a la tarea que se asigna, de lo contrario, atravesaremos por los mismos problemas que otros organismos estatales que no están cumpliendo con su rol por falta de personal y presupuesto.
Así surge el IRCCA. La dependencia estatal que se creará por ley para ejercer esa tarea ya tiene nombre... pero no tiene presupuesto. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis deberá gestionar durante dos años las políticas de prevención, llevará el registro de los consumidores que pretendan comprar marihuana en las farmacias, de los cultivadores y sancionar a quienes no cumplan con la normativa. Todo eso, sin presupuesto ni funcionarios designados porque, según el mensaje del gobierno, la Rendición de Cuentas mantiene “cautela” presupuestal.
La semana pasada, la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados votó el proyecto de ley y --obviamente-- lo hará la bancada frenteamplista, que cuenta con las mayorías necesarias.
¿Cuál es el apuro para aprobar una iniciativa, cuyo organismo regulador no cuenta con recursos para ejercer el espíritu de la ley? Esa parece una pregunta de difícil respuesta. Los impulsores del proyecto aseguran que, mientras, se puede avanzar en la organización de la institución. Otra perla más para el país del “mientras tanto” y un aliento más en el “discurso para tribuna”.
Si el proyecto se vota en dos meses, tal como insiste en Poder Ejecutivo, el IRCCA tendrá que gestionar durante 2014 y 2015, con recursos reasignados para gastos de funcionamiento, equipos de inspectores para “controlar”, administrativos, asesores legales y técnicos para instrumentar “políticas de prevención”.
Si, tal como se expresa, al principio no tendrá grandes gastos, los cuales deberá definir el Poder Ejecutivo el año que viene, significa que no estará en funcionamiento pleno en forma inmediata. Por eso, se repite la pregunta: ¿cuál es el apuro de votar ya un instrumento que no regulará ni controlará hasta que el Ejecutivo --que define los presupuestos-- le asigne uno?
Este es otro delirio provocado por el consumo problemático de argumentaciones inconsistentes.