Opinion | 15 Jul Los gobiernos progresistas de la región repiten una frase hasta el hartazgo, cuando sus referentes hablan de la necesidad de “construir ciudadanía”.
La construcción, como un proceso colectivo y que se eleva desde sus bases, se ejerce con dispar ejecutividad, en tanto, algunas veces no se observa una reciprocidad entre lo dicho y lo hecho.
Para construir y ejercer ciudadanía, hace falta transparencia desde todos los ámbitos. Mucha transparencia. Y para saber con cuánta cristalinidad se cumple una función en democracia, es necesario acceder a la información, un ejercicio que debería ser sencillo para los ciudadanos en general y el periodismo en particular.
Hasta ahí el discurso. Sin embargo, la Rendición de Cuentas que se encuentra a estudio del Parlamento propone modificar la Ley de Acceso a la Información Pública para que el gobierno decida si una información está reservada al momento de la solicitud de un ciudadano.
El artículo 37 de la Rendición agrega otra excepción para clasificar una información como reservada y es aquella cuya difusión pueda “afectar procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva”. O sea que cualquiera estará incluido en tal definición y ante una solicitud concreta, el Estado amparará toda circunstancia que crea conveniente bajo el ejercicio del “control, evaluación, investigación o deliberación” para no brindar los datos necesarios cuando alguien lo requiera.
No obstante, la ley propiamente dicha permite actualmente el acceso a cualquier documento oficial que no haya sido clasificado como reservado. Ocurre que en Uruguay se reacciona “al golpe del balde”, según el director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Edison Lanza.
El estándar internacional indica que una información debe clasificarse como reservada, antes de que un ciudadano la solicite o cuando se produce ese documento. En nuestro país hubo un plazo de cuatro años para clasificar información --desde que salió la ley en 2008 hasta 2012-- sin embargo, el Estado sigue clasificando al momento del pedido.
Según Lanza, “los derechos no se cumplen muchas veces en los tiempos que establecen las propias normas”. Y con esta modificación queda aún más claro.
“Construir ciudadanía” es un proceso hacia abajo para generar igualdad de oportunidades, pero también hacia arriba. De lo contrario, no hay otra forma de ejercer una verdadera democracia.