Opinion | 09 Jul Un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) indica que el Estado no está cumpliendo con la ley que establece que el 4% de sus vacantes deben ser completadas con personas con discapacidad.
La información, publicada por El País, da cuenta que en lugar de eso, en el año 2012 apenas se ocuparon el 0,4% de vacantes ya que el 4% hubiese significado el ingreso de 302 personas con discapacidad a la función pública y sólo lo hicieron 30.
La Ley 18.651 “Protección Integral de Personas con Discapacidad” fue aprobada el 19 de febrero de 2010 y dispone que el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales “están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes”.
La norma también busca “otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas”.
A más de tres años de su aprobación, la ley aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, lo cual viene siendo reclamado por organizaciones de personas con discapacidad y también el senador blanco Francisco Gallinal.
La ley establece además que el incumplimiento en la provisión de vacantes “aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión”.
De acuerdo a la información de la ONSC, en las intendencias y juntas se generaron 1.707 vacantes en 2012. Para cumplir el mínimo de 4% estipulado por ley debieron ingresar 68 individuos con discapacidad, pero fueron 9.
Solo dos organismos cumplieron con el ingreso de al menos 4% de las vacantes: el Banco Central y el Tribunal de Cuentas, en tanto que también lo hizo la Intendencia de Durazno. Entre las personas jurídicas de derecho público no estatal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y Plan Ceibal cumplieron con la norma.
Este panorama da cuenta, por un lado, de la grave disparidad del cumplimiento de la ley, así como de la discriminación de hecho que se está realizando al no dar a este colectivo las oportunidades que por derecho le corresponde y, por otro lado, muestra también de la falta de conciencia existente. Sin embargo, como para en tantas otras cuestiones, especialmente tratándose de la administración pública, la ignorancia no es excusa ante el incumplimiento.