Locales | 20 Jul Los profesionales que cumplen tareas de asesoramiento en el servicio público de atención a mujeres en situación de violencia de género, denunciaron que desde hace dos meses no cobran sus salarios, en tanto en el último año han permanecido sin percibir sueldos por espacio de hasta tres meses.
Las tareas, que se efectúan bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, fueron contratadas por la Agencia de Desarrollo Social, cuya filial en Paysandú es el Consejo Económico y Social. El equipo técnico, que anteriormente pertenecía a la oficina de Inmujeres, funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde comienzos de enero.
El equipo relató a EL TELEGRAFO que “el Mides le da una partida a la Agencia, que contrata y paga a los profesionales y eso es algo que no está pasando”, en tanto, destacaron que “se desvincularon de la agencia a fines de junio”.
Actualmente son gestionados a través de Plemu (Plenario de Mujeres del Uruguay) y Mides. Los técnicos manifestaron su molestia ante la falta de pagos salariales, sin embargo, “debemos seguir presentando las facturas, los pagos ante la caja profesional y el IVA, que nos permite seguir trabajando”.
Por otro lado, resaltaron que aunque no perciben remuneraciones, “seguimos atendiendo a mujeres víctimas de violencia, además de otras actividades de prevención de la violencia en la comunidad”.
El equipo técnico está conformado por una abogada, una procuradora, un asistente social, una psicóloga, administrativa y secretaria, además de un equipo móvil integrado por dos trabajadores sociales y una psicóloga para realizar la tarea de campo.
Los asesores indicaron que a pesar de los contactos mantenidos con la Agencia de Desarrollo Social y el Mides --además de otras autoridades en Montevideo--, “no se ha resuelto la situación” y resaltaron que “la contratación por arrendamiento de servicios con la Agencia es el único en el país con esa modalidad, porque en el resto del país el contrato es con BPS”.Los técnicos destacaron que “trabajando en el área de prevención de la violencia, nos sentimos violentados en nuestros derechos” y aseguraron que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, “conoce la situación, sin embargo la burocracia ha obstaculizado la solución”.