Nacionales | 17 Jul Desde que en diciembre empezó a regir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en Uruguay se realizaron 2.550 abortos, según el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, en la presentación del balance a seis meses de aprobada la ley.
Briozzo expresó que hubo más abortos en Montevideo que en el Interior, y más en el sector privado que en el público e indicó que al principio hubo un subregistro de las instituciones. El subsecretario señaló que mensualmente el promedio es de 456, aunque esa cifra no se condice con el total de 2.500 (esa misma diferencia de cifras aparece en la web del MSP). Según indicaron desde el ministerio, la diferencia se da por el subregistro de los primeros meses, que arroja estadísticas no ajustadas al 100%, por lo que el promedio más adecuado es de 425.
Sobre la objeción de conciencia subrayó que se mantiene igual que en diciembre, con el 30% de los ginecólogos que no hace abortos, mientras que también presentó el formulario acordado con el Colegio Médico y la Universidad para que los ginecólogos objeten realizar abortos. Briozzo dijo que “para que baje el aborto hay que despenalizarlo”, y para ello mostró evidencia de otros países. Indicó que el MSP está “orgulloso” de tener una tasa de abortos similar a Francia, Italia e Inglaterra y opinó que Uruguay es “campeón” en mortalidad materna en Sudamérica.
Insistirán con cárcel por accidentes laborales
El Frente Amplio (FA) ratificó en el Parlamento el proyecto de ley que imputa responsabilidad penal a los empresarios en casos de accidentes laborales. Los legisladores del partido de gobierno aseguraron que continúan en busca de la redacción del articulado para aprobarlo antes de fin de año.
La iniciativa fue respaldada durante la visita del ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, a la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Pese al pedido del gobierno de moderar el proyecto que legislaba en base al delito de peligro, en el Frente Amplio hay sectores que insisten con esa figura delictiva.
“El texto original ya falleció y estamos trabajando sobre el criterio de la instalación de la penalidad a partir del delito de peligro. La bancada del Frente entendió que el texto que hizo ingreso el año pasado a la comisión no era conveniente mantenerlo a partir de algunas observaciones racionales de algunos puntos de inconsistencia que tenía, y a partir de ahí transitamos hacia la definición del delito de prevención. En eso estamos trabajando”, dijo a El Observador el diputado del PVP, Carlos Coitiño, uno de los impulsores de la normativa.
Aunque el Ejecutivo también manifestó su respaldo al objetivo de la ley en el sentido de prevenir las muertes por accidentes laborales, todavía restan definir los detalles del articulado. En la primera reunión de Brenta con los legisladores se acordó que una comisión determine las características del texto definitivo.
En diciembre del año pasado el FA presentó un primer proyecto que establecía la responsabilidad penal en caso de muerte o lesión grave, pero no determinaba responsables específicos. Ese texto fue dejado a un lado y sustituido por uno nuevo de artículo único redactado en base al delito de peligro. Sin embargo, hay sectores que presentan reparos sobre esa figura delictiva.
Hace un mes el Ministerio de Trabajo solicitó a la bancada oficialista que realice modificaciones a un texto presentado por el FA donde se establecía legislar en base al delito de peligro, el cual supone que un empresario puede ir preso por no contar con los elementos de seguridad necesarios. Además Brenta pidió delimitar con exactitud las responsabilidades, al tiempo que comenzaba el debate en la izquierda. “Es un proceso complejo con puntos de vistas distintos”, reconoció Coitiño. “Lo que quedó claro es que el tema sigue, no está archivado y la bancada está comprometida en dar una respuesta a la brevedad y que después se expondrá a la mayoría del plenario”, culminó.
Fallecido no tenía elementos de seguridad
Al cumplirse dos meses del accidente en el que perdió la vida un obrero tercerizado de limpieza que cumplía tareas en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el ministro Eduardo Brenta dijo en el Parlamento que su cartera continúa realizando la investigación correspondiente y adelantó que el trabajador no contaba con instrumentos de seguridad, ni la empresa tenía un protocolo escrito en esa materia, dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala.
Según Abdala, a dos meses del accidente se continúa investigando lo ocurrido, algo que consideró “prolongado”. Respecto a las explicaciones de Brenta, el legislador señaló que el ministro respondió todo lo que se le consultó y mencionó como una de las cuestiones a tomar en cuenta por el accidente fatal, la precariedad del edificio ministerial. El hecho ocurrió cuando el obrero cayó de un aparato de aire acondicionado al que se había subido para limpiar un vidrio.
Ley de faltas,
sin sanción
El Senado aprobó en general el proyecto de faltas y conservación de espacios públicos, que establece una serie de sanciones alternativas a la prisión para ciertas inconductas.
El texto se aprobó por unanimidad --27 senadores presentes-- aunque blancos y colorados presentaron salvedades y volverán a reunirse el 23 de julio por lo que la ley aún no fue sancionada.
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición, que aplazó la aprobación del proyecto, es la imposibilidad de recurrir una decisión judicial, algo que en el campo penal no tiene antecedentes.
Según el oficialismo, al tratarse de faltas --y no delitos--, no es necesario recurrir a una segunda opinión o tribunal, mientras que para blancos y colorados es un tema de “dar garantías” a las personas cuyo “nombre y honor” pueden verse afectados.
Por otro lado, esta semana, el Senado hará una consulta a la Suprema Corte de Justicia para conocer su opinión respecto a la capacidad de los juzgados de paz del Interior para encargarse de las faltas.
Entre las faltas que se castigarán con trabajo comunitario figuran: solicitar dinero con acoso, obstaculizar el tránsito de personas o vehículos, disparar un arma de fuego causando alarma, las picadas de autos o motos en las calles, el vandalismo, provocar desórdenes, así como orinar o defecar en la vía pública.
El proyecto propone realizar trabajo comunitario de hasta 30 días, como forma de castigo con un régimen de dos horas diarias.
La sanción impuesta será obligatoria y de no aceptarse, el condenado deberá pasar un día de prisión por cada día de trabajo comunitario incumplido.
Tres sindicatos
se movilizan
Los sindicatos de Aduanas, Impositiva y Casinos preparan medidas de fuerza, luego de una reunión donde expresaron su rechazo a algunos puntos del Estatuto del Funcionario Público y se declararon en “sesión permanente”.
Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduana, dijo a El País que se están planeando medidas de fuerza que serán votadas el martes 23, si antes no se les plantea un ámbito de negociación colectiva.
“Se nos acercó el subsecretario de Economía, Alejandro Antonelli, para ofrecernos una mesa tripartita. Estamos esperando” y agregó que “tenemos la mejor voluntad de diálogo”.
“Pero diálogo genuino, no mirando por encima del hombro”, aseguró Pintos.
Los sindicatos de Aduanas, Casinos e Impositiva rechazan el artículo 103, así como los artículos 60 al 68.
Además, el sindicato aduanero es contrario a la reestructura organizativa que impulsa el Director de Aduanas, Enrique Canon, porque los funcionarios sostienen que crea 70 nuevos puestos cuyos titulares serán elegidos “a dedo” por el jerarca.
“Nos corta la carrera administrativa. Esos ganarían sueldos de entre U$S 5 y 6 mil. Nosotros queremos que se pueda concursar para ascender”, puntualizó Pintos.
Por otro lado, los funcionarios de Casinos y Loterías también rechazaron “los proyectos de ley que pretenden desregular los Juegos del Estado”.