Locales | 19 Jul SAN JAVIER, 17. (Por Enrique Julio Sánchez). Profundo malestar causó en el seno del plenario del Congreso de Intendentes las declaraciones de Gustavo Soriano Fraga, coordinador del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien fustigó las obras llevadas adelante por la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, en el marco del FDI.
En la reunión de la Comisión Sectorial de Descentralización, Peña acusó a la OPP de hacer política a favor del gobierno con las obras de las intendencias e hizo escuchar una entrevista realizada en Minas a Gustavo Soriano Fraga. En la misma, sostuvo Peña, el funcionario adjudicaba erróneamente al gobierno nacional la autoría de varias obras, que en realidad habían sido realizadas con dineros que provienen de las intendencias y los administra el FDI. El malestar fue creciendo en el propio plenario, cuando el tema fue considerado entre todos los intendentes. A punto tal que Marcos Otheguy, responsable del Área de Políticas Territoriales de la OPP, pidió personalmente disculpas a Peña y aseguró que se trató de un malentendido, que atribuyó a la prensa.
El tema fue zanjado con la redacción de una declaración por los intendentes Marcos Carámbula (Canelones), Marne Osorio (Rivera) y Dardo Sánchez (Treinta y Tres). En la misma se establece que “el Fondo de Desarrollo del Interior proviene de recursos destinados a políticas de Descentralización financiados con una alícuota de los tributos nacionales, recaudados fuera del departamento de Montevideo, (Artículo 298, inciso 2 de la Constitución de la República) en los que se incluye la financiación de todos sus gastos de gestión; administrativa, contralor, y pago. Los gobiernos departamentales afectan dichos recursos enteramente a obras y servicios en sus respectivos territorios”.
Agregó que “en consecuencia, al tratarse de recursos genuinos de los departamentos dispuestos por la Constitución de la República para la política de descentralización y amparado en la autonomía de los gobiernos departamentales nos disponemos a seguir trabajando en el seno de la Comisión Sectorial de Descentralización en la articulación territorial con las políticas nacionales, enfatizando la competencia departamental en la definiciones de los destinos de dichos recursos en el marco de las políticas departamentales convalidadas legítimamente por las respectivas comunidades”.
CRITICAS A NUEVA
LEY DE TRANSITO
En el marco de la celebración del Centenario de la localidad de San Javier (Río Negro), realizado en el Centro Cultural Máximo Gorki, los intendentes departamentales también se expresaron críticamente contra la ley 19.061, de tránsito, la que está a consideración precisamente del cuerpo, que había solicitado noventa días para considerarla en profundidad y tomar una posición única.
Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, a través de la ironía fustigó la norma que está lista para ser aplicada. “El problema es que tenemos que incorporar nuevos controles para casco en bicicleta, reflectivos y sillas para menores”, dijo. Y, centrándose sobre este último punto, dijo que “tendremos que fiscalizar como va la silla, si hacia adelante o atrás; si el niño mide menos o más de 1,50 metros; si pesa hasta 4 kilos, o entre 4 y 7,50 kilos, o entre 7,600 y 22, o entre 22 y 36 kilos.
Esto quiere decir apenas que el inspector tendría que incorporar una balanza, un metro, y apoyarse en un pediatra y un sicólogo. Con un par de cosas se soluciona”. Asimismo criticó la licencia única de conducir porque “nos dejaría sin poder hacer algunas cosas que hoy estamos realizando. Estamos lejos de ese preexamen por Internet en las localidades rurales. No tenemos la posibilidad de incorporar a los ciudadanos rurales donde no existen las redes nacionales de pago”. Y agregó que los intendentes “no podemos olvidar que el tránsito ha sido históricamente materia departamental. No podemos perder esa responsabilidad”.
Botana también rechazó expresiones del secretario general ejecutivo de la Unasev, Pablo Inthamoussu, quien “nos quiere castigar por la manera en que enfocamos la fiscalización del uso del casco (en Cerro Largo y Soriano). Dice que en Soriano el 100% de los motociclistas muertos no llevaban casco y en Cerro Largo el 80%. Pero se olvida que son los departamentos con menos muertos. Y que esos accidentes fatales se produjeron en rutas nacionales donde no tenemos control. No es casualidad que tengamos pocos muertos; trabajamos para eso. Y en eso se apoya el impulso que le queremos dar a una policía nacional de tránsito, proyecto que está en el Parlamento. Porque nuestros inspectores de tránsito viven una situación de desesperación cuando se enfrentan a determinadas situaciones donde es necesaria la presencia de coacción de la policía. Eso es lo que buscamos”, precisó.